El 26 de febrero pasado se allanó el estudio jurídico de la referida letrada y al día siguiente, el fiscal Suárez allanó el local del juzgado de paz, donde incautó un cúmulo de expedientes de juicios ejecutivos impulsados por la abogada Ortiz García. Casi cuatro meses después de los allanamientos, los agentes del Ministerio Público aún no definen si imputan o no a los supuestos involucrados. Bobadilla y Sosa recién se incorporaron en las averiguaciones.

Durante el allanamiento del estudio jurídico de la abogada, el fiscal había incautado 31 expedientes originales y otras evidencias, según había declarado a los medios de comunicación tras el procedimiento, que se realizó a raíz de la denuncia realizada por la abogada Noelia Núñez, en representación de dos docentes que fueron estafados por la Asociación de Educadores Ovetenses, que era representada por la abogada Zully Ortiz García.

En el juzgado de paz, entonces a cargo del juez Carlos Roberto Ferreira, se encontraron en seis armarios los expedientes manejados por Ortiz García, quien además representaba a las firmas RTO y Vanessa y Asociados.

El allanamiento del juzgado de paz se ejecutó el 27 de febrero pasado.

Luego de más de tres meses del procedimiento y la incautación de un cúmulo de evidencias sobre un presunto esquema criminal, el Ministerio Público aún no define si imputa o no a los posibles involucrados en la mafia de los pagarés. Se espera que los fiscales tomen una decisión, porque la dilación genera sospechas y comentarios.