«En reunión con ministros de la Corte coincidimos en que las autoridades de cada institución son responsables de hacer cumplir las leyes que protegen a los trabajadores», señaló el legislador.

Ayer los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón, asistieron a la sesión de la Comisión en el Senado, donde se abordaron esta situación que afecta a miles de personas.

Recordemos que según datos expuestos por la Comisión en base al primer análisis preliminar de la información recaída del Registro Oficial de Víctimas, el 79% de las personas afectadas por la mafia son funcionarios públicos y un 6% son jubilados, en su mayoría docentes, enfermeras y personas en situación de retiro.

«Los ministros de Salud y de Educación no deben permitir que una docente, una enfermera o cualquier otro funcionario sufra embargos superiores al 25% de su salario, salvo en casos de asistencia alimentaria. Lo mismo corresponde al ministro del MEF respecto a las personas jubiladas, también gravemente afectadas por la mafia de los pagarés». Esto está ocurriendo y están violando la ley» , remarcó el senador Filizzola