“La jueza controlaba todo el proceso a través del circuito cerrado que era manejado personalmente por ella. Tenía pleno conocimiento de lo que ocurría dentro del Juzgado, incluso que abogada ingresaba. Como el circuito cerrado tenía audios, sabía todo lo que se conversaba en las oficinas. Controlaba todo el proceso”, según relató una fuente, que además aseguró que la magistrada sabía, al igual que los abogados demandantes, que las cédulas no eran notificadas a los demandados.

La fuente contó que trabajó varios años en el Juzgado a cargo de Cibils. Incluso refirió las funciones que cumplía, pero la misma no revelamos para que la persona no sea identificada. Ojalá que la Fiscalía utilice su relato.

Explicó que en el juzgado se recibían los expedientes de juicios ejecutivos en paquetes, para que se “realicen” las notificaciones, que en la práctica no se hacían. “Pasaba unos días para que se devuelvan las notificaciones con el informe a la parte demandante”, contó la fuente.

Refirió que, en su momento, la magistrada contrató a una persona externa al juzgado (cuyo nombre incluso reveló) “para que controle todos los movimientos”. Pasado un tiempo, la persona fue excluida del Juzgado, luego hecho después del cual la jueza “instaló cámaras de circuito cerrado en todas las dependencias del juzgado, lo cual le permitía controlar todo desde su despacho”.

Contó que una vez realizada las notificaciones (que nunca se hicieron), el ujier tenía que entregar su informe y que dicho informe era “controlado por la jueza y su equipo de trabajo que se encontraba dentro de su despacho”. Resaltó la fuente que “todos los expedientes eran supervisados por la jueza y todas las notificaciones debían estar en el expediente para que el proceso avance”.

DESISTALACIÓN DE LAS CÁMARAS

Este testimonio coincide plenamente, con la información publicada por El Observador en su momento, que daba cuenta que el juez de paz interino de la Encarnación, Víctor Hugo Martínez, con autorización de la Corte ordenó desinstalar el circuito cerrado instalado por la suspendida jueza Analía Cibils.

La actuaria Gabriel Riquelme había informado al juez, que la magistrada seguía teniendo acceso a las grabaciones y monitoreo de las cámaras de circuito cerrado.

El Observador