Se advierte, que, si en el plazo fijado no responden lo solicitado, los locales serán allanados y los responsables podrían ser imputados por frustración de la persecución y ejecución penal”. El pedido es el marco de la investigación de la “mafia de los pagarés”, donde se implementó un esquema criminal para una estafa masiva, en la que estarían involucrados jueces de paz, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados.

Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, remitieron los oficios dentro de la causa N° 2026/2024 caratulada: «Investigación fiscal s/prevaricato y otros».

Señalaron que el Ministerio Público solicita que se remita un informe conteniendo planillas electrónicas (Excel,) en formato digital, con el listado de expedientes que obran en poder de la empresa, así como de los apoderados (abogados representantes en las demandas), tramitados o finiquitados, ante los Juzgados de Paz de la Capital. “El inventario deberá estar discriminado por hoja en la planilla, por juzgado de paz y secretaría, conteniendo todos los datos necesarios para la individualización de los expedientes respectivos”, dijeron.

“El presente pedido se realiza en atención a las constancias obrantes en los libros de retiro de profesionales correspondientes a los juzgados de paz de la capital, donde fueron dejadas las constancias respectivas”, apuntaron los agentes del Ministerio Público.

LISTA DE ABOGADOS

También pidieron el listado completo de abogados que se encuentran vinculados, directa o indirectamente con la empresa, como apoderados o patrocinantes de demandas de preparación de juicios ejecutivos y juicios ejecutivos propiamente; con la mención del número telefónico y dirección del estudio jurídico respectivo, “éste último en el caso que no hagan oficina en dependencias de la firma a su cargo”.

“La presente se formula en atención a las facultades legales previstas en los arts. 193 y 195 del código procesal penal, respecto al secuestro de objetos o documentos, y con apercibimiento de lo estatuido en el art. 187 del código procesal penal sobre el allanamiento de recintos privados, con la advertencia de lo dispuesto por el art. 292 «Frustración de la persecución y ejecución penal» del código penal”, expresaron los investigadores de la mafia de los pagarés.

“Lo solicitado deberá ser remitido en el plazo de 5 días hábiles a la Unidad N° 4 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, ubicada en las calles 15 de agosto y Haedo, Asunción, de conformidad a lo establecido en el art. 228 de código procesal penal”, añadieron los agentes en los respectivos oficios.

No reciben escritos

La fiscala Belinda Bobadilla, en una nota al presidente de la Corte, César Diesel, comunicó que recibió la inquietud de abogados y particulares que acuden a los juzgados de paz de la Encarnación, San Roque y la Catedral, primer y segundo turno, quienes dijeron que en dichos juzgados manifestaron que no pueden recibir escritos por que los expedientes fueron secuestrados por Fiscalía. Sin embargo, tienen la lista de los expedientes incautados.

La investigación penal es con relación a un esquema criminal que se implementó en los juzgados de paz de Capital de los distritos de la Encarnación, Catedral, primer y segundo turnos; San Roque y Recoleta, a cargo de los magistrados Analía Cibils, Gustavo Villalba y Nathalia Garcete y Víctor Rodriguez (suspendido por la Corte).

También afecta a los actuarios, ujieres y oficiales de justicias de los citados juzgados.

Por otro lado, se aguarda la conclusión de la auditoría de los juzgados de paz de Santísima Trinidad, primer y segundo turnos y Villa Morra.

El Observador