Explicó que según el protocolo establecido, una vez que se realice la comunicación oficial por parte del Poder Legislativo, el Ejecutivo publica dicha comunicación, con la cual finaliza el proceso.

Trapari recordó que la objeción del presidente se basa estrictamente en argumentos jurídicos. «El funcionamiento debe ajustarse a ese régimen internacional convenido. Si se hubiese dado a ese proyecto de ley, eso supondría un desconocimiento de la doble nacionalidad que concurre en la persona jurídica de Itaipú», expresó.