La disputa judicial sobre Sebastián Marset tomó este miércoles un nuevo giro en Estados Unidos: su defensa no centró su argumento en negar que el uruguayo haya participado en actividades de narcotráfico, sino en cuestionar que esas actividades permitan a la Justicia estadounidense procesarlo por hechos que, según sus abogados, ocurrieron fuera de su territorio, especialmente en Bolivia y otros países de la región.

Ahora, el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, deberá definir hasta dónde alcanza la jurisdicción de Estados Unidos sobre Marset.

La audiencia duró dos horas. Su defensa cuestionó la validez de varios cargos y las circunstancias en las que el uruguayo fue capturado en Bolivia, trasladado a Estados Unidos e interrogado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El juez Alston Jr. ordenó que las partes presenten resúmenes de sus argumentos antes del 12 de octubre y tiene previsto pronunciarse sobre las mociones de la defensa antes del 6 de noviembre. El juicio está programado para principios de 2027.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Marset de delitos vinculados con lavado de dinero y tráfico de drogas, mientras que la acusación posteriormente incorporó cargos relacionados con narcoterrorismo. Marset se presume inocente mientras no exista una sentencia que establezca su responsabilidad penal.

La defensa busca que sean desestimados los cargos y también cuestionó pruebas obtenidas después de la captura de Marset, incluidos interrogatorios realizados durante su traslado desde Bolivia a EEUU y otros elementos que la Fiscalía pretende utilizar en el proceso.

Durante la audiencia, el abogado Robert Feitel sostuvo que Marset, aunque su cliente no niega haber participado en actividades de narcotráfico, habría mantenido sus operaciones fuera de Estados Unidos, es decir en algunos países de Sudamérica, entre ellos Bolivia.

Según el planteamiento de la defensa, Marset “evitó cuidadosamente” las actividades relacionadas con drogas que involucraran directamente a Estados Unidos y el Gobierno estaría intentando incorporar el caso a cargos de narcoterrorismo mediante vínculos con organizaciones criminales sudamericanas.

Feitel cuestionó específicamente la utilización de conexiones con grupos como el Clan del Golfo, de Colombia, y el Primeiro Comando da Capital (PCC), de Brasil, señalando que las designaciones de esas organizaciones como grupos terroristas por parte de Estados Unidos se produjeron después de algunos de los hechos investigados.

La Fiscalía respondió que esas designaciones se sustentan en conductas históricas de las organizaciones y defendió la jurisdicción estadounidense sobre los hechos atribuidos a Marset.

Otro de los puntos discutidos durante la audiencia fue el cargo de lavado de dinero. La defensa cuestionó que una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense. Para respaldar su argumento, presentó como testigo a Kristofer Doucette, exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.

Según la explicación presentada por la defensa, la operación involucró a dos bancos que no eran estadounidenses y no habría utilizado directamente servidores de una entidad bancaria de Estados Unidos.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que los servidores de Bank of America intervinieron en la operación y que su participación será demostrada durante el juicio.

Defensa cuestiona interrogatorios de la DEA

La audiencia también abordó la forma en que fueron obtenidas algunas declaraciones de Marset después de su captura en Bolivia.

La defensa argumentó que determinadas confesiones podrían haber sido obtenidas de manera irregular y planteó la aplicación de la doctrina conocida como “fruto del árbol envenenado”, que puede impedir el uso de determinadas pruebas cuando derivan de una actuación considerada ilegal.

Los abogados sostienen que, aunque Marset fue informado de sus derechos, se habría demorado su acceso a un abogado mientras agentes intentaban obtener su cooperación en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz.

Durante la audiencia declaró Michael Greisen, agente de la DEA que participó en la operación. Según el reporte de OCCRP, reconoció haber grabado entrevistas con Marset durante los vuelos posteriores a su captura, primero desde Bolivia hacia Lima y posteriormente hacia Virginia.

Sin embargo, explicó que no grabó determinadas conversaciones mantenidas cuando Marset ya se encontraba detenido en Virginia, debido a que buscaba convencerlo de colaborar con las autoridades. Ese punto podría adquirir relevancia en la discusión sobre qué declaraciones y evidencias pueden ser utilizadas en el juicio.

La defensa también planteó que Marset habría sido objeto de un enjuiciamiento vengativo, argumento que generó una reacción del juez Alston, quien calificó esa acusación como “muy grave”.

Feitel aclaró que la defensa no estaba cuestionando personalmente a los fiscales, sino el procedimiento seguido desde la captura de Marset en Bolivia hasta su llegada a Estados Unidos y los interrogatorios posteriores.

El caso tiene previsto avanzar hacia el juicio a comienzos de 2027, pero antes el juez deberá resolver si determinadas pruebas y cargos pueden mantenerse dentro del proceso.

La decisión que Alston adopte en las próximas semanas podría definir el alcance de la acusación federal contra Marset y qué parte de la evidencia cuestionada por su defensa podrá llegar finalmente al juicio