El uruguayo, señalado como uno de los principales articuladores del narcotráfico regional, quedó formalmente sometido a una causa por lavado de dinero vinculada a una estructura criminal que, según las autoridades norteamericanas, movió toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

La presentación se realizó ante instancias federales en Alexandria, Virginia, donde la Fiscalía estadounidense expuso los cargos que pesan sobre el presunto jefe narco. De acuerdo con la acusación, Marset no solo habría comandado una red con ramificaciones en varios países del continente y Europa, sino que además habría recurrido a operadores financieros para canalizar las ganancias ilícitas mediante transferencias que terminaron pasando por el sistema bancario de Estados Unidos.

El ahora detenido había sido aprehendido en la madrugada del viernes en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, durante un operativo que terminó con su entrega inmediata a agentes de la DEA. Ese mismo día fue sacado del país en una aeronave de la agencia antidrogas y llevado primero a Lima, donde permaneció de manera transitoria antes de ser enviado finalmente a territorio estadounidense para quedar a disposición de la Justicia.

La causa abierta en su contra lo ubica como supuesto líder de una organización de tráfico internacional de cocaína con capacidad para movilizar cargamentos de gran volumen desde esta parte del continente con destino principal a mercados europeos. La investigación sostiene que la estructura operaba en varios países, entre ellos Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal, con un esquema logístico y financiero de alcance transnacional.

Uno de los puntos centrales del caso es el rol atribuido a Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, identificado por las autoridades como un colaborador clave en el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Según la versión oficial, Santoro coordinaba la recolección del dinero generado por los envíos de droga, organizaba su ingreso al circuito financiero y dirigía posteriormente su redistribución internacional. El expediente recuerda que este ya se declaró culpable en 2025 y recibió una condena de 15 años de prisión.

Los investigadores también sostienen que tanto Santoro como Marset habrían apelado a amenazas de violencia para resguardar sus operaciones y garantizar la recuperación de millonarias sumas procedentes del tráfico de cocaína. Entre los antecedentes mencionados figura una supuesta deuda pendiente de más de 17 millones de euros correspondiente a un solo cargamento, de los cuales al menos 5 millones de euros habrían sido recolectados y lavados mediante mecanismos conectados con el sistema financiero estadounidense.

En este escenario, la posibilidad de una condena de hasta 20 años de cárcel aparece como el horizonte penal para Marset en caso de ser hallado culpable. Sin embargo, la propia evolución del proceso abre la puerta a eventuales beneficios si coopera con la investigación y aporta información relevante sobre la estructura criminal, sus socios y la ruta del dinero.

El caso es impulsado por fiscales federales del Distrito Este de Virginia y fue desarrollado con apoyo de distintas oficinas de la DEA, además de organismos de Bolivia, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y agencias europeas. La articulación internacional detrás del expediente refleja la dimensión que las autoridades atribuyen a la red presuntamente comandada por Marset y anticipa un proceso con fuertes derivaciones para la región.