Ramiro Coronado Pérez, exalcalde de Comitancillo, una ciudad en el oeste de Guatemala, está acusado de liderar la red de tráfico de migrantes junto a su hermano, David Coronado Pérez, candidato a la alcaldía de 2019 en la misma ciudad. El Ministerio Público ha acusado a ambas personas de tráfico de migrantes y obstrucción de la justicia. Los fiscales los han acusado de coordinar el viaje que terminó con la muerte de 15 migrantes guatemaltecos el año pasado. Las autoridades descubrieron a las víctimas el 22 de enero en dos vehículos incinerados en la frontera entre Estados Unidos y México. Habían sido asesinados a tiros y luego sus restos fueron incinerados y abandonados. Una docena de oficiales de una unidad élite de la policía de México han sido acusados de participar en la masacre.

Los fiscales dijeron en un comunicado que David Coronado Pérez reclutó migrantes en conjunto con su hijo, quien supuestamente les sirvió de guía en su desafortunado trayecto hacia el norte. Su hijo también fue asesinado en la masacre.

En una serie de redadas en Comitancillo a fines de enero, las autoridades guatemaltecas arrestaron a 10 presuntos miembros del grupo acusados de tráfico de migrantes, lavado de dinero, obstrucción de la justicia y otros delitos. Entre los detenidos se encuentran David Coronado Pérez y una de sus hijas, así como dos hijos del exalcalde Ramiro Coronado, quien evadió la captura y desde entonces ha sido declarado prófugo, como afirma el fiscal principal Stuardo Campo.

El exalcalde, quien ocupó dicho cargo entre 2012 y 2016, también está acusado de intimidar a familiares de los migrantes asesinados para disuadirlos de colaborar con las autoridades de Guatemala y México. Varios miembros de la familia Coronado continuaron traficando grupos más pequeños de migrantes en los meses posteriores a la masacre, según el Ministerio Público.

Como parte de la investigación, la fiscalía también presentó una solicitud para levantar la inmunidad de una jueza que presuntamente abusó de su autoridad al permitir que dos de los miembros de la red fueran liberados, después de haber sido arrestados en julio de 2021 con 128.000 quetzales (US$16.700) en efectivo. Las autoridades también arrestaron a tres notarios vinculados al grupo, quienes son sospechosos de falsificar documentos que ayudaron a los detenidos a justificar los fondos incautados.

Unos pocos días después de las redadas, el Congreso de Guatemala, como parte de una ofensiva contra el tráfico de personas, aprobó una propuesta para aumentar las sentencias para los traficantes de migrantes, de 10 a 30 años de prisión.

La frontera oeste de Guatemala con México es un importante punto de acceso para el tráfico ilícito de migrantes, y ha servido durante mucho tiempo como el principal punto de salida de los migrantes centroamericanos que se dirigen hacia Estados Unidos.