Esta medida tomada por el jefe de Estado se da en consecuencia del escándalo que salpica a Roa, dueño de uno de los yates incautados por la Senad, en el marco del operativo llamado A Ultranza Py, contra el crimen organizado. La embarcación le habría costado USD 400 mil y el mismo se justificó diciendo que la adquirió mediante un préstamo del Banco Basa.