El comunicado recalca la necesidad de respetar la confidencialidad y la integridad emocional de los menores, recordando que el principio del interés superior del niño debe prevalecer en todo momento.

La institución insta a los agentes fiscales a agotar todos los actos investigativos antes de adoptar decisiones, subrayando que las conductas violentas generan secuelas irreversibles en el desarrollo de las víctimas y que, por ello, las investigaciones deben ser exhaustivas y sin margen de duda. Asimismo, señala que cuando se comprueba la existencia del hecho punible, corresponde al Ministerio Público perseguir la sanción penal y brindar contención a la familia afectada.

En los casos en que se determine la inexistencia del hecho denunciado, la Oficina recuerda que los niños y adolescentes deben recibir acompañamiento psicológico, ya que los procesos penales pueden generar revictimización y secuelas emocionales debido a la exposición y al desgaste psicológico que implica una causa judicial.

El comunicado también exhorta a todas las partes intervinientes, ya sean los padres, abogados, operadores de justicia y medios de comunicación a preservar la identidad de los menores y evitar la divulgación de datos personales o detalles del proceso, advirtiendo que la exposición pública vulnera derechos fundamentales y agrava el daño emocional.

La Oficina de Género repudió con firmeza que funcionarios accedan, manipulen o difundan información sobre niños o adolescentes insertos en causas penales sin ser parte del proceso, calificando tal conducta como una falta grave de ética institucional. Según el pronunciamiento, este tipo de acciones puede provocar estigmatización social, incluso en los casos en los que las denuncias hayan sido descartadas, lo cual constituye una forma de violencia institucional.

Finalmente, el comunicado reafirma que el Ministerio Público tiene una misión constitucional en la protección de la niñez y la adolescencia, por lo que cualquier actuación contraria a ese mandato atenta contra el Estado de Derecho. En ese sentido, se exhorta a todos los operadores del sistema judicial a obrar con prudencia, responsabilidad y respeto hacia los derechos de los menores de edad, evitando convertir los casos judiciales en instrumentos de manipulación política o mediática.