La propuesta surge en medio del debate público sobre la legalidad y autenticidad de títulos universitarios en el ámbito jurídico. Garay expresó que, en el actual contexto, resulta conveniente que el Consejo especifique de qué universidad, institución, ciudad o país provienen los doctorados declarados por los postulantes, con el objetivo de brindar mayor transparencia al proceso de selección y evitar posibles irregularidades.

“Estamos viviendo tiempos muy álgidos en cuanto a la duda que ha cundido respecto a los estudios en la carrera de Derecho”, manifestó el ministro, al justificar la necesidad de contar con información más precisa sobre la formación académica de quienes aspiran a integrar el Poder Judicial.

Garay sostuvo que su planteamiento busca resguardar la buena fe de la Corte Suprema y evitar situaciones en las que se atribuyan títulos inexistentes. Recordó que, en su experiencia dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, se registraron casos en los que personas invocaron grados académicos que posteriormente no pudieron ser acreditados.

“Fuimos víctimas de obrar de buena fe y de la invocación falsa de grados universitarios inexistentes”, afirmó. El ministro indicó que la solicitud podría canalizarse de manera institucional, a través de una nota dirigida tanto al representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura como al propio órgano encargado de la conformación de ternas.

Además, Garay planteó interrogantes sobre la forma en que algunos jueces en actividad, especialmente aquellos que prestan servicios en el interior del país, logran cursar programas doctorales que exigen asistencia y evaluaciones periódicas. Según señaló, esta cuestión amerita una revisión objetiva para garantizar que los estudios hayan sido realizados conforme a las exigencias académicas correspondientes.

“Si es juez en actividad y es juez del interior, ¿cómo hace para asistir a clases o rendir exámenes?”, cuestionó.

El ministro aclaró que su intervención respondió a una “legítima preocupación académica” y subrayó que su intención no es poner en duda a personas específicas, sino promover mecanismos de verificación que fortalezcan la transparencia y la credibilidad de los procesos de selección de magistrados.

La iniciativa abre un nuevo debate sobre la necesidad de reforzar los controles documentales y académicos dentro del sistema de justicia, en un momento en que la validez de títulos universitarios ha adquirido especial relevancia en la discusión pública nacional.