Los ministros tienen la obligación constitucional y legal de tomar medidas para individualizar a los involucrados, sean ujieres actuarios o jueces de paz, para luego aplicarles una sanción ejemplar y si existen elementos remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento y el Ministerio Público. Lamentablemente, hasta ahora hubo reacción tibia del alto tribunal, que se limitó a dejar sin efecto el ascenso de ujieres que ostentaron riqueza en sus redes sociales y ponerlos a disposición de recursos humanos. Una auditoría seria desenmascarará a los mafiosos, incluidos abogados.

Publicaciones realizadas en redes sociales evidenciaron la vida ostentosa que llevan los ujieres de los juzgados de paz de la Capital, que es imposible que la puedan sustentar con un salario de G. 3.128.000 y los viáticos que perciben por las notificaciones realizadas y que están establecidos en una acordada de la Corte Suprema.

Ante el escándalo, el Consejo de Superintendencia de la Corte, integrado por el presidente, Luis María Benítez Riera y los vice presidentes Gustavo Santander y Alberto Martínez Simón, por resolución Nº 2555, del 28 de noviembre pasado, dieron por terminado el ascenso en forma interina de los ujieres: Pablo Matías Cabrera, Heber Hernán Cardozo Areco, Mariam Adelaida Ortiz Aquino y Líder Rodrigo Benegas Cristaldo. Estos, en sus redes sociales ostentaron vacaciones en países paradisiacos, vehículos 0 kilómetro, casamiento en lugares cinco estrellas con grupos musicales costosos, etc.

Por resolución Nº 2556, del 28 de noviembre de 2024, dispusieron los ministros, que el funcionario Osvaldo Insfrán Vera, ujier notificador del Juzgado de Paz del distrito de La Catedral, primer turno, pase a disposición de la Dirección de Administración del Personal, para su posterior reubicación en el área jurisdiccional. Los mismo se dispuso con relación a Miguel Ángel Rolón Recalde, quien presta servicio en el juzgado de paz de San Roque.

Esta medida adoptada por la Corte, sin embargo, es absolutamente insuficiente, atendiendo que con cambios de algunos funcionarios no van a cambiar las cosas. Lo que se tiene que combatir es el esquema que hace años funciona en los juzgados de paz, que principalmente incluye a jueces, actuarios, ujieres y abogados de las empresas involucradas en esta verdadera mafia.

El Observador