Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco. La solicitud también incluye a los ujieres y demás funcionarios. La decisión fue adoptada luego de las publicaciones de mafia de los pagarés.

Por resolución Nº 1739, del 2 de diciembre, el Consejo de Superintendencia, argumentó que tomó la decisión de disponer la auditoría de reacción inmediata “a efectos de constatar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, así como la identificación de presuntos responsables”.

Los ministros, además, tuvieron en cuenta la gravedad de los hechos denunciado y que como medida de control corresponde remitir a la Contraloría la nómina de los jueces de paz de Capital, así como la nómina de funcionarios de los juzgados, a los efectos de examen de correspondencia de bienes.

Los jueces incluidos son: Gloria Machuca Cardozo, juzgado de paz de Trinidad 1º turno; Alejandro Peña Yegros, Santísima Trinidad 2º Turno; Lourdes Yumi Piñeiro; Santísima Trinidad 3º Turno, Zeballos Cué; Liliana González de Bristot, juzgado de paz San Roque; Gustavo Villalba Báez, de La Catedral 1º Turno; Nathalia Garcete Aquino, La Catedral 2º Turno; Carmen Analía Cibils, La Encarnación; Víctor Rodríguez Acosta, La Recoleta y Elvira Franco, Villa Morra.

La resolución fue firmada por el presidente de la Corte, Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander, vice primero y Alberto Martínez Simón, vice segundo, como miembros del Consejo de Superintendencia y dentro de las facultades establecidas en la ley.

ANTECEDENTES

Mafia de pagarés funciona a cambio de un porcentaje a algunos jueces de paz

En algunos juzgados de paz de Capital se habrían montado esquemas delictivos, mediante acuerdos entre abogados de empresas que presentan miles de demandas de cobro de guaraníes, algunos jueces, actuarios y ujieres. La “mafia de los pagarés”, como se denomina, es casi imposible que funcione sin el conocimiento y el aval de los magistrados, que no pueden alegar desconocimiento de lo que hacen los funcionarios encargados de realizar las notificaciones a miles de víctimas del feroz fraude avalado por el propio Poder Judicial.

La puesta a disposición de Recursos Humanos de algunos ujieres y dejar sin efecto el ascenso provisorio de los mismos, no es suficiente. La Corte tiene que investigar a fondo el tema y sancionar a los abogados, magistrados y demás implicados en el esquema.

EL ESQUEMA

1. Acordar ingreso y porcentaje: Las empresas demandantes conversan con el juez o jueza de paz, para ingresar los expedientes y definir el porcentaje a pagar sobre las notificaciones (20% juez, 15% abogado y 65% ujier).

2. Escritos listos: Los expedientes ingresan con los escritos y providencias ya impresas.

3. Libro de entrada: La misma empresa demandante lleva el libro de entrada (donde se da Nº al expediente) y completa el libro.

4. Notificaciones: Sobre todas las notificaciones que se hacen en la semana, cada ujier (son dos, uno por secretaría) debe entregar G. 5 millones al juez/jueza.

5. Pago adicional: El juez o jueza de paz cobra un porcentaje extra por notificaciones de ciertas empresas.

6. Etapas finales: El juez o jueza recibe un porcentaje del abogado de las empresas al concluir el expediente.

7. Empresas grandes: Con Nexo, Carsa y similares, hay acuerdos por volumen y celeridad.

8. Juicios a docentes: El juez o jueza llega a “acuerdos especiales” con empresas como Bahía Costanera y Préstamos Personales en los casos de préstamos a docentes.

9. Préstamos abusivos: Los docentes firman pagarés que multiplican la deuda real. Ejemplo, por préstamo de G. 5 millones, firman 3 y 4 pagarés de G. 5 millones, que luego se demandan.

Ser ujier en los juzgados de paz, por el dinero que se genera con las notificaciones, y más aún con aquellas fraguadas, no es fácil. Se tiene que contar con el padrinazgo de un político importante, ministros de la Corte quizá, o algunos otros “peces gordos”. Se habla incluso de que algunos pagan a sus padrinos por el nombramiento.

Así como los jueces de paz no pueden desconocer el esquema en el juzgado a su cargo, los ministros no pueden no saber de la existencia de esta mafia. Es por ello, que tienen que hacer algo. La ciudadanía, los usuarios de justicia, y en especial las víctimas de la propia justicia, tiene que exigir el esclarecimiento del hecho. Es una vergüenza.

No pueden solventar con escuálido sueldo

El abogado Jorge Rolón Luna publicó en su cuenta de X, fotos de viajes de placer por el mundo y compra de vehículos de 0 kilómetro, realizados por los funcionarios, que perciben un sueldo mensual de G. 3.128.000, monto con el cual jamás pueden solventar vacaciones por Italia, Francia, Chile, etc.

El Observador