Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, presentó su renuncia al cargo que ocupaba en la Cámara de Diputados, poniendo fin a una de las polémicas más persistentes sobre contrataciones en el sector público. La salida fue confirmada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, luego de meses de cuestionamientos y creciente presión ciudadana.

Su paso por Diputados estuvo marcado por críticas constantes debido a su incorporación sin concurso y al elevado salario que percibía. De acuerdo con los datos disponibles, la exfuncionaria contaba con una remuneración mensual de G. 18.274.300, incluyendo bonificaciones, lo que la colocaba en el centro del debate sobre privilegios y uso de influencias dentro del Estado.

La controversia se intensificó con el tiempo y convirtió su caso en uno de los más emblemáticos del fenómeno conocido como "nepobabies", utilizado para describir a familiares de autoridades que acceden a cargos públicos en condiciones cuestionadas. Su permanencia en el puesto no solo generó rechazo ciudadano, sino que también obligó a referentes del oficialismo a salir a dar explicaciones en reiteradas ocasiones.

Tomando como base su salario y el periodo en el que se desempeñó en la Cámara de Diputados, desde octubre de 2023 hasta abril de 2026, se estima que Montserrat Alliana habría percibido entre G. 548 millones y G. 566 millones durante su permanencia en el cargo. La cifra alimentó aún más la indignación pública y consolidó el caso como uno de los más sensibles en materia de transparencia.

La renuncia se da en un contexto de creciente exigencia por mayor meritocracia en la función pública y deja al descubierto el impacto político que generan este tipo de designaciones. Aunque su salida busca descomprimir la situación, el episodio reaviva el debate sobre los mecanismos de contratación en el Estado y la necesidad de establecer controles más estrictos para evitar casos similares.

El Nacional