La historia de la anciana, quien contaba con un 50% de discapacidad, cobró relevancia nacional cuando la firma propietaria de la finca exigió un incremento de la renta mensual hasta los 2.650 euros, monto inasumible frente a su pensión jubilatoria. Durante el procedimiento de desalojo, cientos de manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la residencia para intentar frenar la medida, obligando a las asistencias médicas a evacuarla en camilla debido a su delicada condición física.

La ejecución del desalojo desató un amplio impacto social que culminó en la instalación de una acampada permanente en la Puerta del Sol de Madrid y réplicas de protestas en diversas localidades del país. La tensión generada por el debate del acceso a la vivienda influyó en la discusión parlamentaria de decretos sobre el sector, derivando en la convocatoria a una huelga general y en la reconfiguración del debate político institucional.

A raíz de la presión ciudadana, el 29 de septiembre se había formalizado una mesa de negociación mediada por las autoridades locales, logrando un acuerdo con la empresa Urbagestión para otorgarle un nuevo contrato de alquiler por ocho años con una renta equivalente al 30% de sus ingresos. No obstante, el deterioro biológico producido por el proceso impidió que la mujer pudiera concretar el retorno a su vivienda habitual.

El deceso de la vecina de Retiro provocó reacciones de diversos sectores públicos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, transmitió sus condolencias a los familiares y allegados a través de sus canales oficiales, mientras que las plataformas en defensa de los derechos de los inquilinos anunciaron la continuidad de las movilizaciones en memoria del legado dejado por Abascal.