El equipo de investigación de La Nación se vio obligado a recurrir a la Justicia ante la negativa permanente de Duarte Frutos de proveer estos datos que son públicos.

El abogado del diario y patrocinante de la acción, Raúl Prono, dijo que “este es un transitar que comenzó en octubre. La EBY alegó que debíamos tramitar la autorización para la entrega de esta documentación con la Cancillería, lo cual es incorrecto. La propia Dirección de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia ya dispuso en un dictamen que la EBY es una fuente pública de información y que no hay ningún trámite previo en la Cancillería”.

Duarte Frutos también utilizó la excusa de que la entidad está regida por un tratado que está por encima de la ley, pero esto tampoco se aplica en el caso, según Prono, quien añadió que “se está ejerciendo un derecho con base en una ley que regula una disposición constitucional refiriéndose”, mencionando el artículo 28, que establece el derecho a informarse.