La instalación del portón cerrando el paso a un grupo de 20 familias que realizan cultivo de autoconsumo en la zona fue denunciada por los afectados el 12 de mayo a través de los abogados Princesa Sanabria y Antonio Recalde. La denuncia fue presentada en la comisaría local, pero no fue remitida al Ministerio Publico, aseguran los afectados.

El denunciado está identificado como Felipe Nery González, a quien acusan de ser testaferro de colonos brasileños que tienen grandes extensiones de cultivos de soja en la zona. Empero, la denuncia realizada por los colonos por supuesta invasión de tierra, fue inmediatamente remitida al Ministerio Publico e incluso llegó hasta el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) que emitió un comunicado al respecto.

El escrito señala que ante los hechos ocurridos en las últimas horas en la colonia Santa Lucía, en Itakyry, Alto Paraná, la presidente del INDERT, Gail González Yaluff, recuerda que la institución se encuentra abocada a la recuperación de tierras en el lugar mediante juicios que se vienen sustanciando en los estrados judiciales.

RECHAZO

“Respetuosos de las leyes, estamos supeditados a las resultas de la decisión judicial. Asimismo, exhortamos a las partes en litigio a abstenerse de tomar cualquier decisión que contravenga las leyes. El INDERT deplora y rechaza cualquier acción basada en la fuerza y la violencia”.

En otra parte advierte que en el caso de que se compruebe la participación de algún miembro de la comisión vecinal de Santa Lucía en los atropellos denunciados, la institución revocará el reconocimiento de dicha comisión.

“El INDERT denunciará ante el Ministerio Público a la abogada mencionada como presunta instigadora de los atropellos, y a todas las personas involucradas, a los efectos de deslindar responsabilidades y que se apliquen las penas previstas en las normativas jurídicas”.

“Como órgano de aplicación del Estatuto Agrario, seguimos esforzándonos en alcanzar una solución satisfactoria para todas las familias residentes en Santa Lucia, en el marco del respeto de la propiedad privada y de los inmuebles del Estado destinados a los verdaderos sujetos de la reforma agraria, conforme a la Constitución Nacional”, concluye.

Los campesinos denunciados señalan que hay complicidad del INDERT para que tierras fiscales sigan en poder de personas no sujetas a la reforma agraria. Señalan incluso que hay complicidad de administradores del Poder Judicial en la zona y los agentes policiales.

Insisten que colonos brasileños siguen explotando tierras fiscales, cultivando soja y obteniendo millonarias ganancias que son utilizadas para comprar la complicidad de muchos sectores para evitar una intervención fuerte en el lugar y sanear la situación de raíz.