La abogada Esther Roa indicó a Última Hora que se trata de una imputación selectiva y direccionada por la clase política, ya que en menos de 30 horas le citaron para prestar declaración indagatoria y en menos de cuatro o cinco horas ya le imputaron. “Es como que ya tenían el escrito”, manifestó.

La líder de la Comisión Escrache Ciudadano dijo que en la carpeta fiscal no existen elementos contundentes que puedan sostener que violó las disposiciones de la cuarentena, ya que en todo momento estuvo con su tapabocas y alcohol en gel, además de mencionar que hay mayor aglomeración en los bancos y cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hace inauguraciones de obras.

“Los activistas sociales en cada país son demasiado importantes y no puede existir bajo ningún sentido la censura absoluta a los derechos fundamentales, en ningún país del mundo eso se permite, las manifestaciones en pandemia están permitidas”, remarcó.

Asimismo, refirió que la imputación es una forma de silenciar las voces y que seguramente le van a restringir la libertad y prohibir estar con sus compañeros de la Comisión, con quienes vienen denunciando hechos de corrupción y hasta impulsaron la destitución de senadores y diputados.

“Con las imputaciones que se vienen pierde el pueblo, porque sin luchadores sociales no vamos a sacar al país adelante”, advirtió.

Roa expresó su tristeza y dijo que se va a someter al proceso. “Acá son rápidos con los activistas sociales, pero no están llamando a citación indagatoria al ministro de Salud, ni a las empresas que se beneficiaron con los recursos destinados a la pandemia”, denunció.

Finalmente, manifestó que la Fiscalía no responde a los intereses ciudadanos y que si ellos actuaran no tendrían razones para salir a exigir transparencia y rendición de cuentas por todo el dinero que se gastó en la pandemia.

“Sostenemos que el Ministerio Público ha sido tomado o secuestrado por referentes políticos que ven al Estado como un gran negocio”, aseveró.

El miércoles de la semana pasada se realizó una caravana de vehículos contra la corrupción en la Costanera, que terminó con una manifestación frente al Panteón de los Héroes, por lo que la Fiscalía convocó esta mañana a la activista social.

El agente fiscal Juan Carlos Ruiz, de la Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia de las Personas, fue el que procesó a la abogada, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19), en tanto que el juez Julián López deberá resolver las medidas a ser aplicadas.