El estudio, que examina más de 700 casos registrados en la nación sudamericana, también muestran que las mujeres fueron sujetas a las desapariciones forzadas con más frecuencias que los hombres, convirtiéndose en blancos por parte de los organismos de seguridad para extraer información o para castigar o intimidar a sus familiares.

“Los organismos de seguridad de Venezuela desaparecen a las víctimas y eso a la vez separa a las familias, aterroriza a las comunidades y degrada toda la humanidad”, dijo Kerry Kennedy, presidente de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights.

“Nuestro informe brinda detalles sobre el inequivocable patrón de terror auspiciado por el estado por parte del régimen bolivariano, el alto costo de la impunidad y la urgente necesidad de detener en este momento estos crímenes masivos”, agregó.

Las desapariciones forzadas, normalmente consideradas como un crimen de lesa humanidad, se producen cuando organismos de seguridad capturan a individuos sin autorización de las cortes o la debida autorización, dejando a la víctima en un estado de total indefensión de la ley.

Las desapariciones con frecuencia son acompañadas por torturas y hasta asesinatos para favorecer la impunidad de los responsables.

Entre los casos revisados en Venezuela, los autores del estudio encontraron que la tortura fue aplicada con más frecuencia a los militares, abarcando hasta un 83 por ciento de los uniformados detenidos en el 2018 y hasta un 95 por ciento en el 2019.

Aun cuando el estudio se concentró en los casos reportados en el 2018 y el 2019, los autores resaltaron que las desapariciones forzadas y las detenciones por motivos políticos continúan hoy en día, con más de 230 detenciones reportadas en lo que va del año, de las cuales 33 son consideradas como desapariciones forzadas.

De ese total para este año, unas 14 personas seguían con paradero desconocido, dijo el informe.

El régimen de Caracas con frecuencia hace uso de la represión política para excluir o intimidar a sus adversarios políticos o simplemente a integrantes de sectores que el chavismo decide neutralizar.

En otros casos, las operaciones son emprendidas con fines propagandísticos o en un intento por trasladar hacia terceras personas la responsabilidad de sus propios fracasos.

El grueso de las desapariciones forzadas son perpetradas por los dos principales servicios de inteligencia del país, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, pero algunos casos también han sido atribuidos a la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y las Fuerzas de Acciones Especiales.