Representantes de los partidos de la oposición en el Congreso señalaron que el proceso como se dio la intervención en una oficina municipal de Encarnación, a cargo del intendente Luis Yd, quebrantó la institucionalidad. Si bien señalan que están a favor de la transparencia y que se aclaren las denuncias, consideran que en este caso el Gobierno está sacando partido de su manejo de las instituciones, en particular la judicial, lo cual perjudica gravemente a la democracia.

Para el senador del Frente Guasu Jorge Querey, el caso del intendente Yd representa claramente cómo las instituciones se van instrumentando en favor de una causa que es dirigida desde el sector que está hoy en el gobierno.

“Estamos a favor de la transparencia y de que se aclaren las denuncias. Ahora, aquí hay dos cosas, que son, por un lado una conducta parcial y dirigida de la Fiscalía porque hay que decir que hay cientos de denuncias por montos multimillonarios en la Fiscalía General y otras dependencias a las que no se les da el mismo trámite y duermen en los cajones de la fiscala general”, consideró.

Refirió que para no atropellar la institucionalidad se requiere del debido proceso, en una intervención. El principal cuestionamiento es que para que el pedido de intervención hecho por la mayoría de la Junta de Encarnación, y pronto a tratarse en Diputados, ninguna de las instancias siquiera requirió el dictamen de Contraloría, vinculante en estos casos.

Por su parte, para la senadora Georgia Arrúa de Patria Querida, la propia intervención aprobada por los colorados carece de legalidad atendiendo a que en la sesión en la que se aprobó ni siquiera estaba como punto en el orden del día.

Agregó que tampoco las causales están presentadas en forma tal que puedan ser consideradas. Asimismo, dijo que la maniobra no le extraña “dado que desde el principio intentaron sabotear esta gestión, y quieren recuperar como sea. Nuestro cuestionamiento no es solo porque Yd sea de Patria Querida, sino porque aquí se está instrumentando a la Fiscalía y al Poder Judicial”, señaló.

Subrayó que están “a favor de la transparencia pero en contra del atropello a la institucionalidad”, remarcó.

POSICIONAMIENTO. A mediados de la semana, todas las bancadas de oposición en el Senado, entre ellas el PLRA, Frente Guasu, Patria Querida, Partido Democrático Progresista y Hagamos, denunciaron una “sostenida y orquestada persecución” a aquellos municipios que se encuentran bajo la administración de partidos de oposición.

“Esta deleznable práctica que se sigue dando en nuestro país, de prosperar significará la conculcación de derechos políticos consagrados en nuestra Carta Magna, ya que pretenden por medio de mayorías circunstanciales en órganos colegiados mantener la hegemonía de un partido e imponer voluntades sin respetar el debido proceso y mucho menos al soberano que eligió a sus autoridades”, subrayaron.

Entre tanto, manifestaron que estos actos podrían terminar comprometiendo seriamente a la democracia misma, cuya construcción “tanto sacrifico representó“.

Añadieron que el avance de los pedidos de intervención ni siquiera cuenta con intervención previa de la Contraloría General de la República, órgano competente en el caso.

La Cámara de Diputados, previo dictaminen de comisiones asesoras, es la que decide la intervención de municipios.