A poco de cumplirse el segundo año de mandato de Mario Abdo Benítez, el internismo en el oficialismo estalla en varias dependencias del Gobierno. La idea de posicionar fichas y proyectarse para las futuras contiendas electorales genera intrigas y conspiraciones en el propio seno de Colorado Añetete.

El vicepresidente Hugo Velázquez es uno de los que está operando fuertemente para sacar del camino a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien ocupa el cargo desde finales del año pasado. El segundo del Ejecutivo apuesta a posicionar como ministro a uno de sus leales, el director de Registro Civil, Luis Esquivel, quien está en dicho puesto desde la era del ex ministro Julio Javier Ríos.

La propia Cecilia Pérez había reconocido que su presencia al frente del Ministerio de Justicia está generando ronchas internas y molesta a muchos.

De acuerdo a la información trascendida, el vicepresidente habría estado operando a instancias de los legisladores colorados para lograr su objetivo, usando como argumento que la ministra no sabe trabajar en equipo. Las intrigas saltan en medio del acuerdo denominado Operación Cicatriz, que se cerró semanas atrás entre Colorado Añetete y Honor Colorado.

“Yo sé que molesto, se acercan las elecciones, yo hice varios cambios, sumarios a personas que estaban cometiendo irregularidades serias, salieron personas de cargos de confianza porque perdieron mi confianza justamente y todo el tiempo eso genera molestias”, había expresado Pérez en declaraciones a un medio radial, evidenciando el hartazgo por la presión política que está recibiendo desde que ocupa el cargo.

Pérez había realizando algunas movidas desplazando a colaboradores cercanos del ex ministro Ríos y del vicepresidente de la República.

licitación. Inclusive, el enojo hacia la gestión de la actual ministra subió de tono luego de que la misma descalificó a una empresa que se presentó a una licitación para cumplir servicios de limpieza. Se trata de la firma Cevima SA que no presentó toda la documentación respaldatoria.

El representante legal de la empresa tendría vínculos con Renato Samaniego, hijastro del vicepresidente. La misma firma ya había ganado otra licitación durante la era Ríos.

Además de esta medida adoptada, Pérez había realizado sumario a algunos funcionarios que estaban ocupando cargos claves en la penitenciaria de Tacumbú y otras dependencias como la dirección encargada de las licitaciones de alimentos para los presos que siempre sirvieron para el botín político.

Hasta el momento, el presidente de la República dio pleno respaldo a la ministra de Justicia a quien solicitó seguir con los proyectos en marcha con la construcción de la nueva dependencia penitenciaria en Emboscada así como el proyecto de formalización y profesionalización de los funcionarios penitenciarios.

acta secreta. Velázquez tiene un oscuro pasado con lo ocurrido en el 2019, cuando estalló la crisis luego de que se reveló el acta secreta que pretendía comercializar la energía de Itaipú para vender a una empresa brasileña a través de un operador que no tenía funciones en el gobierno pero sí nexos con el vicepresidente. Se trata del abogado Joselo Rodríguez. Esta situación dejó al borde del juicio político a Abdo, quien fue salvado gracias al apoyo estratégico del cartismo.

Desde entonces, el vicepresidente mantuvo un bajo perfil y con poca presencia en los actos públicos hasta que en medio de la pandemia recibió la tarea de encabezar el proceso de reforma estructural del Estado buscando hacer ajustes en las instituciones públicas.

Inmediatamente la decisión de nombrarlo como coordinador del proceso generó desconfianzas y rechazo principalmente por parte de organizaciones sociales y campesinas.

La idea de aplicar ajustes arrancó al principio de la pandemia. Pasaron mas de tres meses y hasta el momento no avanzó la propuesta de reformar el Estado que debe ser presentada al Congreso y socializada con la ciudadanía.

Otra pulseada se desata por el manejo de los fondos de SNPP

Además de la guerra de baja intensidad en el Ministerio de Justicia, hay otro conflicto en otra dependencia clave. Hay un fuerte operativo para tener el control de los fondos aportados por los empresarios destinados a la formación profesional de los jóvenes.

Había salido una resolución para que la directora del Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Addis Merlo, pueda administrar los recursos y sacar esa atribución a la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo.

De acuerdo a las informaciones, la directora del SNPP estaría respondiendo al vicepresidente Hugo Velázquez. La misma está siendo investigada por la Contraloría por el uso irregular de un vehículo de la institución para fines particulares.

Los propios empresarios integrantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Feprinco se movilizaron y enviaron una nota al Ministerio de Hacienda solicitando que los recursos no sean administrados por la directora del SNPP. Recordaron que en épocas pasadas esos fondos eran utilizados para fines políticos y esperan que no se repita bajo la actual administración de Mario Abdo.