En comercios de ciudades de frontera de nuestro país están expectantes de la habilitación para poder vender productos con este sistema que ya está avanzado en trámites para ponerlo en práctica.

Olmedo dijo que están tratando de hacer una reunión, pero no pudieron coincidir aún en agenda con la contraparte brasileña a fin de ir cerrando detalles finales. “Ellos están todavía realizando las consultas con autoridades de los estados sobre el tema del protocolo”, recalcó.

Precisó que todo lo que se refiere a temas aduaneros, migratorio y cobertura legal ya está definido. “Solo falta un poco de ajuste al protocolo sanitario”, recalcó.

Estimó que la próxima semana ya tendrían todo resuelto y antes de que culmine agosto se empiece a operar comercialmente bajo esta modalidad. Recordó que para esto se deben establecer bien los lugares donde se podrán retirar los productos.

En este orden, el sistema habilita depósitos específicos en zona primaria para que los compradores brasileños puedan acudir, pero al solo efecto de retirar los productos adquiridos vía electrónica. En Ciudad del Este ya se avanzó con el establecimiento de los depósitos que serán habilitados. También ya se cuenta con propuestas para operar en Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, debido a que estas son fronteras secas.

También se maneja la reapertura del puente, pero con cupo limitado de ingresantes.

Proyecto. Por otra parte, consultado si ya tenía una opinión sobre el proyecto de ley de “régimen de reexportación del turismo comercial” para zonas fronterizas que se presentó recientemente en el Senado, el viceministro de Relaciones Económicas dijo que aún no le consultaron sobre esta iniciativa.

“Todavía no tengo opinión sobre este proyecto. La Cancillería aún no fue consultada. Solo tengo conocimiento sobre lo publicado por la prensa”, recalcó.

La mencionada propuesta legislativa generó posiciones encontradas en el sector industrial y empresarial. Gremios nacionales como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) sentaron postura de rechazo categórico al respecto y coincidieron en que “viola la Constitución Nacional” en varios aspectos, a partir de que exceptúa del pago de impuestos y los productos podrían invadir el mercado local debido a que no existe capacidad de control.

Por su parte, los gremios empresariales de Ciudad del Este rechazan que el proyecto sea inconstitucional y manifestaron que es una herramienta que permitirá sobrevivir al sector comercial y que va a redituar en beneficio del Fisco.