El miércoles Santo, que debería haber sido de recogimiento y oración-  estuvo sin embargo marcado por un cobarde hecho de violencia, de brutal agresión contra doña Matilde Rodas de Bóveda de 54 años, una pobladora del asentamiento ilegal “30 de enero”, ubicado en un sector de dominio municipal destinado a plaza pública en el barrio Obrero.

En otro de los desbordes demenciales a los que nos tiene acostumbrados, el abogado Néstor Ramón Echeverría, referente de primera línea del Clan González Ramírez, se negó a que la mujer recibiera un kit con víveres enviados por uno los líderes del Clan, el senador Abel "Chiquito Vale" González y tras un fuerte intercambio de palabras, arremetió contra la indefensa mujer y la agredió a trompadas y patadas, según confirmó a los medios de prensa la cabecilla de los invasores, la procesada e imputada Maura González, quien salió en defensa de su congénere y soltó duros calificativos contra su compinche el agresor Echeverría.

Doña Matilde Rodas fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero para la elaboración del diagnóstico médico correspondiente y luego por sus propios medios llegó hasta la Oficina de Guardia de la Comisaría 3ª del barrio Obrero para presentar la denuncia, que consta en Acta y señala cuanto sigue: 

CRÍA 3º Bº OBRERO : SUPUESTO HECHO CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA (LESIÓN A GOLPE DE PUÑO Y PUNTAPIÉS),  ocurrido el día de la fecha 08/04/2020, a las 15:00 horas aprox., en la vía pública continuación de la calle Panchito López, Asentamiento 30 de Enero de esta Jurisdicción, resulto victima MATILDE RODAS DE BÓVEDA,  pya, cas, 54 años de edad, ama de casa, domiciliada en la casa ubicada en el Asentamiento 30 de Enero de esta ciudad, siendo supuesto autor del hecho NÉSTOR ECHEVERRÍA,  pyo, cas, mayor de edad, Abogado,  domiciliado sobre la calle Valois Rivarola c/ Prof. Montiel Ortellado del Bº Obrero de esta Ciudad.

Compromiso del Ministerio Púbico

No está de más recordar que situaciones como esta de agresión física y psicológica hacia la mujer se enmarcan dentro de un ámbito que conlleva un ineludible compromiso para el Ministerio Público, que debe apuntar su actuación a la protección de la víctima. Este tipo de violencia es de acción penal pública y la Fiscalía debe actuar de oficio.
En cuanto a la conciliación, la norma no incluye esa figura en el tipo penal de violencia contra la Mujer, que en el nuevo marco tiene una pena de hasta seis años de cárcel, y la conciliación se aplica solo a delitos de penas máximas de dos años.

Medidas en caso de violencia

El Juzgado no puede otorgar en estos casos medidas alternativas por ser tipificados como crimen, y de ocurrir, la Fiscalía General del Estado debe tomar intervención.
El Código Penal Paraguayo, tras su última modificación, establece en su artículo 229 un aumento de la pena carcelaria a seis años, por lo tanto se tipifica como crimen y no puede estar sujeto a medidas alternativas.
Largo historial de violencia

Hay que recordar que este antisocial sujeto  arrastra consigo un largo historial de agresiones y hechos violentos que hasta donde se sabe comenzó cuando integraba las FFAA y agredió a trompadas a un superior, lo que le valió su reclusión en la cárcel militar de Viñas Cue y su Baja Deshonrosa del Ejército, decretada y firmada por el ex presidente Fernando Lugo.
De ahí en más se fueron sumando hechos similares, citando entre algunos de ellos el protagonizado sobre la ruta V General Bernardino Caballero, donde tumbó de una trompada a un inspector de la Patrulla Caminera solo por haberle requerido sus documentos para un chequeo.  

Más recientemente y durante un corte de ruta por él encabezado junto a su comparsa el abogado Ricardo Villalba, con la aparente in tención de echarlo baja las ruedas de un colectivo empujo a un agente del GEO que formaba parte de un grupo de contención policial destacado en el lugar.

Un alto funcionario de la municipalidad de Pedro Juan Caballero y hasta un jefe policial también figuran entre las víctimas de los arranques de violencia de este autodenominado “360”, que hasta ahora continúa burlándose de la ley, de los fiscales y los jueces que más parecería no se animan a tomar las medidas legales que corresponden  debido al fuerte y cómplice respaldo y protección de carácter político que el sujeto tiene de parte del Clan González y del propio diputado colorado Juancho Acosta, por su contradictoria condición de convencional de la ANR por Amambay.