El Ministerio de Salud adjudicó los primeros contratos para la compra de insumos de emergencia con el objetivo de combatir el avance del Covid-19 en nuestro país. Se gastaron cerca de 14 millones de dólares y se benefició a empresas de dudosos antecedentes.

En un mismo día, el pasado 6 de abril, utilizando el mecanismo del contratación vía excepción las autoridades de Salud Pública adjudicaron a dos empresas pertenecientes al mismo grupo de accionistas, contratos por un valor total de Gs 85.220.500.000 equivalente a unos US$ 13.590.000 dólares americanos.

Las empresas beneficiadas son Eurotec S.A. cuyo representante legal según los datos de del portal de Contrataciones Públicas es Marcelo Rubén Ferreira Pascottini.

Esta empresa logró cerrar un contrato por un monto total de Gs 37.268.000.000 para la provisión de insumos médicos como 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas y 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos.

Otra de las empresas beneficiadas en la compra de insumos es “Insumos Médicos S.A.” cuya representante es Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, hermana de Marcelo Ferreira Pascottini. Esta empresa es la acreedora más importante del Ministerio de Salud, su representante Patricia Ferreira es hija del empresario Justo Ferreira, este último conocido por sus vínculos con el negocio de los laboratorios médicos.

El contrato para esta empresa es de Gs 47.952.500.000 equivalente a unos US$ 7.377.000 dólares.

Esta deberá proveer de 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.

El empresario Justo Ferreira es también padre de Marcelo Rubén Ferreira representante de Eurotec SA.

Ambas empresas que figuran a nombre de los hijos, pertenecen a Ferreira, y durante varios años, ha logrado que las dos firmas y una tercera donde él si aparece como representante, consiguieran centenares de adjudicaciones con el Estado.

¿Cómo operan estas empresas?

Ambas empresas, Eurotec S.A. e Insumos Médicos S.A. aparecen salpicadas en el esquema de estafa y lesión de confianza que involucró a altos gerentes de laboratorios privados acusados por la fiscalía de haber causado millonarios perjuicios a las empresas para las que trabajaban.

El nombre de Justo Ferreira se vincula al de Roque Dagogliano y Carlos Borrell en el 2019, luego de que ambos fueran denunciados por las empresas que las que trabajaban, Scavone Hnos y Éticos, respectivamente.

El modus operandi que la Fiscalía detectó era que ambas personas vendían medicamentos costosos a precios muy inferiores a varias firmas ligadas a ellos, para que las mismas se presenten a licitaciones públicas y sean adjudicadas por ofertar un precio inferior en comparación al ofrecido por el fabricante del medicamento.

Roque Dagogliano fue imputado por el fiscal Yoan Paul López por el hecho punible de Lesión de Confianza.

Según la imputación, el exgerente recibió mandatos específicos para que se presente a toda licitación o llamado relacionados a productos elaborados por la firma.

Sin embargo, durante varios años, Dagogliano formó parte activa y principal de un grupo de personas que estructuró y dirigió empresas del mismo rubro que la farmacéutica, a quienes favoreció en perjuicio de su propia mandante. Se trata de BILAC S.A. EUROTEC S.A. e INSUMOS MÉDICOS S.A.

Por su parte el exgerente comercial de Laboratorios Éticos, Carlos Alberto Borrell Maneglia, también fue imputado por el hecho punible de lesión de confianza y estafa, por un supuesto perjuicio de G. 3.505 millones a dicha firma.

Según los datos de la investigación fiscal las mismas empresas que ahora son beneficiadas por el Ministerio de Salud con contratos que rondan los US$ 14 millones están vinculadas a un esquema de asociación criminal y ligadas a un mismo empresario, Justo Ferreira.

Éstas empresas, a través de sus directivos y accionistas, habrían obtenido beneficios patrimoniales exhorbitantes e indebidos en perjuicio de otras y están siendo investigadas por el Ministerio Público.

¿Quiénes operan para que estas empresas ganen las licitaciones? ¿Cómo se controlan las adjudicaciones directas del Ministerio de Salud?

LA VERSIÓN DEL VICEMINISTRO

Julio

Rolón, viceministro de Salud Pública, explicó que más allá del procedimiento
abreviado, el método utilizado es la vía de la excepción con difusión posterior
(cuatro días para evaluar la oferta, otros 5 días para firmas la resolución y
el contrato), están obligados a informar en un lapso de 10 días, según la ley.

“A partir

de haber cumplido con esos trámites, revisamos los documentos que la ley nos
obliga a solicitar, todas estas empresas reunieron los requisitos, por lo tanto
terminamos el procedimiento adjudicándola, con las garantías de que íbamos a
poder contar con estos insumos”, aclaró Rolón.

Señaló que

su papel es garantizar que se cumplan los pasos que se debían cumplir y que
todo está respaldado por documentos.