Los consejeros son criticados por varios sectores del poder, porque perciben mensualmente G. 26.880.000, es decir, ganan más que un juez de primera instancia y un camarista.

Los ministros que integran la nueva Comisión son Alberto Martínez Simón, Antonio Fretes, Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y Luis María Benítez Riera. En manos de los cuatro altos magistrados está coordinar la reingeniería, así como también redireccionar a los funcionarios de varias direcciones que serán eliminadas.

El Consejo tiene como objetivo general coadyuvar a asegurar la independencia judicial, la eficiencia, la eficacia, la racionalización del trabajo administrativo, financiero, presupuestario, patrimonial, además de fortalecer la confiabilidad y la transparencia de la gestión institucional, en procura de un servicio público de administración de justicia oportuna y de calidad, que garantice el Estado de derecho y la vigencia del sistema democrático del Gobierno.

Según altas fuentes judiciales, ninguno de los objetivos por los cuales fue creado el CAJ están siendo cumplidos, por lo que a su vez también genera un gasto enorme al Poder Judicial mantener a los consejeros, así como a los cientos de funcionarios que están en las oficinas de los integrantes del Consejo de Administración Judicial.

Igualmente, se encomienda a la Dirección General de Administración y Finanzas la realización de otras propuestas para la eliminación de otros rubros de todas las circunscripciones judiciales del país, debiendo presentar dicha moción para la próxima sesión plenaria.