El operativo “A Ultranza” se ejecuta en los departamentos Central, Asunción y Canindeyú desde el martes último. Entre los detenidos está Alberto Koube Ayala, representante legal de la empresa Tapiracuai S.A., proveedora del Estado, además sería propietario de varias otras firmas de diferentes rubros.

En Presidente Franco, la empresa representada por Koube pidió instalar una estación de servicios en el barrio San Pablo, en un terreno no acorde para el efecto, frente mismo al Cuerpo de Bomberos, a pasos de una escuela y a metros de otra estación de servicios. El mensaje para la construcción se envió de la Intendencia a la Junta Municipal entre octubre y noviembre del 2021 durante la gestión de la intendente interina Julia Ferreira y fue aprobada por concejales en sesión extra “a escondidas”.

Según los investigadores, el empresario Koube es responsable del lavado de activos de una organización internacional dedicada tráfico de drogas y lo vinculan incluso con el presunto narco Lindomar Reges Furtado, quien se fugó la semana pasada del Paraná Country Club, en un polémico allanamiento. Fuentes fidedignas aseguran que Tapiracuai abre surtidores en diversos puntos del país, con el único objetivo de lavar dinero proveniente del narcotráfico, y para el efecto se valen de políticos venales.

Alberto Koube, detenido en el marco del megaoperativo “A Ultranza”.

APROBACIÓN A ESCONDIDAS

En cuanto a la obra del surtidor, el pedido fue tratado en una sesión extraordinaria y casi a escondidas el 5 de noviembre del 2021, donde asistieron 10 concejales, de los cuales cuatro hicieron constar su disidencia y dos estuvieron ausentes, es decir, hubo dudas de la mayoría simple para la aprobación de los planos y planillas.

Tras asumir los nuevos concejales, la bancada colorada, integrada por los ediles Mauricio Torres, Luis Gallardo, Hugo Mendoza y Joel Torres, el 15 de noviembre pidió la reconsideración de la aprobación, pero “ligaron” una medida cautelar de “suspensión del pedido de reconsideración”, firmada por la jueza Teresita Martínez, a solicitud de la empresa del presunto narco, cercenando arbitrariamente atribuciones de los miembros de la Junta Municipal. La magistrada, hace unos días, levantó la medida por improcedente y pese a no volverse a tratar aún en la corporación legislativa, la construcción sigue campantemente.

¿NARCOPOLÍTICA INSTALADA EN FRANCO?

Estas conexiones entre políticos franqueños y capos mafiosos deberían ser investigadas de oficio por el Ministerio Público. Cabe mencionar que durante el gobierno de Roque Godoy (PLRA), quien fue reelecto y es actual jefe comunal y los concejales salientes, se llenó el municipio de estaciones de servicios a cambio de aparentes jugosas coimas. Esta situación lleva a sospechar que las autoridades locales “ayudan” a supuestos grupos criminales a realizar el lavado de activos provenientes del narcotráfico.