Teodoro Insaurralde contactó con el grupo La Clave para indicar que las obras estaban paralizadas hace más de 15 días, pero por falta de materiales de construcción. Además, denunció a los ejecutivos de la empresa Estero Guasu, por supuestamente hacerles recortes en los pagos y que les indicó que busquen sus herramientas porque ya no les iban a pagar por los trabajos realizados.

“Yo no te voy a poder pagar lo que querés ganar, es lo que me dijo el arquitecto encargado de la obra y tienen conmigo una deuda de G. 20 millones. Yo les pedí la mitad, como soy el contratista, pero no atendieron mi reclamo. La obra ya debió ser entregada en el mes de febrero y ahora no hay fecha de entrega”, reclamó Insaurralde.

Los pagos a los obreros son por producción y según el denunciante, también se acumularon deudas con los demás obreros porque él debería hacer los pagos a los demás trabajadores y no tiene condiciones para absorber los costos, por lo que pide un arreglo sobre el punto con la empresa constructora.

LA DEUDA NO EXISTE

El arquitecto Enrique González, de la empresa constructora, negó la denuncia hecha por el contratista y aseguró que no existe ninguna deuda con él, que se le había adelantado una importante cantidad de dinero y que está establecida la certificación de obras con un 5% de garantía. Hubo atrasos en el trabajo y con eso se fueron cubriendo los jornales diarios.

González calificó como una extorsión los actos de Insaurralde y dijo que es un chantaje el pedido de dinero, para permitir que un nuevo contratista se haga cargo de la obra. Hasta el momento, nadie puede ingresar a proseguir los trabajos porque él no lo permite, refirió.

Asimismo, dejó entrever que han desaparecido muchos materiales de construcción y que están haciendo las investigaciones en la zona para conocer quien fue el responsable de esta acción. Igualmente, desde hoy, la empresa Estero Guasu pretende recurrir a la Policía Nacional para poder ingresar a la zona de obra y realizar los trabajos pendientes.

Según el responsable de las obras de la USF, Insaurralde ni siquiera utiliza factura legal y pese a que en reiteradas ocasiones se le pidió las documentaciones de su trabajo, siempre se excusó con cualquier tipo de argumentaciones.