La iniciativa plantea modificar varios artículos de la Ley de tránsito con el objetivo de que el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tránsito, asuma plenamente la administración del sistema de registros, incluyendo la base de datos de los conductores. Actualmente, esa información se encuentra bajo control de la Opaci, una entidad de carácter privado integrada por municipios.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al cobro de G. 10.000 que se aplica a cada gestión vinculada a licencias de conducir, ya sea expedición, renovación o anulación. Para los proyectistas, este monto representa una recaudación constante que no está sujeta a controles claros ni rendición pública.

El diputado Miguel Martínez fue uno de los más duros durante el debate, al señalar que no se puede permitir que una organización ajena al Estado maneje datos sensibles de la ciudadanía y, al mismo tiempo, cobre por ese servicio. A su criterio, la estructura actual abre la puerta a abusos y prácticas discrecionales que terminan afectando directamente a los contribuyentes.

En la misma línea, la diputada Rocío Vallejo cuestionó la falta de avances para que el organismo estatal asuma estas funciones y planteó la necesidad de terminar con el esquema vigente, al que calificó de poco transparente. Según sostuvo, la ciudadanía no tiene por qué seguir financiando una estructura paralela cuando el Estado debería encargarse del sistema.

Sin embargo, desde la propia Agencia Nacional de Tránsito no hubo respaldo a la propuesta de cambio. La directora de Licencias, Susana Medina, defendió el modelo actual al señalar que la ley vigente establece la participación de la Opaci en la gestión del registro nacional y que la institución cumple un rol técnico en coordinación con los municipios.

Uno de los argumentos esgrimidos para mantener el esquema es la dificultad operativa de transferir la base de datos al Estado y reorganizar el sistema a nivel nacional. Desde la Opaci también sostuvieron que el trabajo realizado durante años permite una articulación con las municipalidades que no podría replicarse fácilmente en el corto plazo.

No obstante, las explicaciones no convencieron a los legisladores críticos, especialmente cuando se evitó responder con precisión cuánto dinero se recauda anualmente mediante estos cobros. Tanto representantes de la agencia estatal como de la Opaci admitieron no manejar cifras concretas, lo que generó aún más sospechas sobre la magnitud del negocio.

El debate también dejó en evidencia que, al tratarse de una entidad privada, la Opaci no está obligada a someterse a los mismos controles que las instituciones públicas, lo que le permite operar con un nivel de autonomía que incomoda a sectores del Congreso.

Pese a las críticas, el antecedente inmediato no es favorable para los impulsores del proyecto. Una propuesta similar fue rechazada el año pasado, con el respaldo de la mayoría oficialista, lo que permitió que el esquema continúe vigente.

El nuevo intento legislativo recién inicia su camino parlamentario y aún no tiene fecha de tratamiento en el pleno, pero ya instala nuevamente la discusión sobre el manejo de recursos, la transparencia y el rol que deben cumplir las instituciones públicas frente a estructuras paralelas que operan dentro del sistema.