En declaraciones a medios de prensa, el senador cartista, Basilio “Bachi” Núñez, dijo que se dieron cuenta recién después de aprobar el convenio en el 2019 que traía otras cuestiones detrás.

Las razones por las que resulta poco creíble lo dicho por el legislador cartista, es que el tan cuestionado convenio haya sido aprobado sin oposición, teniendo en cuenta que ya en el 2019 eran aproximadamente 30 cartistas, quienes además integraban las comisiones que habían recomendado la aprobación del convenio, más aún cuando cada uno cuenta con una masiva cantidad de asesores.

La derogación con la cual se embanderaron falsamente para captar votos durante la campaña, tampoco la están realizando a través de los medios constitucionales correspondientes.

Manuel Riera, sobrino de Enrique Riera, ministro del Interior y uno de los más férreos detractores del convenio, explicó que no se puede derogar mediante otra ley el convenio, debido a que tiene rango de tratado internacional, y en el orden de prelación de las leyes, un tratado internacional está por encima de una ley.

El irrespeto al orden de prelación de leyes, acompañado de una mayoría circunstancial que busca pagar la deuda de las promesas electorales, son sumamente peligrosas para la institucionalidad de la República.

Asimismo el argumento basado en fantasmas, como la “ideología de género”, levanta el humo para polarizar a una sociedad cuya seguridad se ve todos los días vulnerada por hechos reales, como los más de 20 feminicidios, las más de 1.000 denuncias de abuso sexual infantil registrados este 2023 y las precarias condiciones en la que los alumnos dan clases y hasta pasan hambre, temas que ninguno de los embanderados con la “defensa de los valores de la familia” aborda.

El argumento falaz de ciertos líderes sociales y religiosos, una vez más pone en riesgo la institucionalidad tan vulnerada de nuestro país.

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