La diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, sostuvo que la resolución representa un hecho grave para la democracia paraguaya. Señaló que González, quien llegó al Senado respaldada por más de cien mil votos, fue apartada del cargo mediante un procedimiento que consideró arbitrario y que, posteriormente, tampoco encontró una respuesta favorable en la Justicia. A criterio de la legisladora, la Corte perdió la oportunidad de restablecer el equilibrio institucional y demostrar autonomía frente a las presiones del poder político.

Vallejo lamentó además que los ministros hayan optado por respaldar la postura asumida previamente por la Cámara Alta y afirmó que la oposición seguirá denunciando lo que considera atropellos contra las instituciones republicanas. Insistió en que el silencio o la resignación no pueden convertirse en una opción frente a decisiones que, según expresó, afectan principios fundamentales de la democracia.

Por su parte, la diputada Johanna Ortega manifestó que el desenlace del caso no resultó sorpresivo, aunque advirtió sobre las consecuencias que este precedente podría tener para el sistema democrático. En ese sentido, sostuvo que la resolución envía una señal preocupante respecto a la protección de los derechos de las minorías políticas y al respeto de las garantías constitucionales.

Ortega afirmó que la actuación de la mayoría de los integrantes de la Corte será objeto de evaluación por parte de la ciudadanía y de la historia, al considerar que el tribunal renunció a ejercer un control efectivo sobre una decisión del Congreso que había sido ampliamente cuestionada por distintos sectores.

En medio de las especulaciones previas al anuncio oficial del fallo, Kattya González había denunciado públicamente que aún no había sido notificada por la Corte, pese a que versiones sobre el contenido de la sentencia ya circulaban en algunos medios de comunicación. La exsenadora interpretó esta situación como una demostración más del deterioro institucional y de la influencia que, según ella, ejercen determinados grupos de poder sobre el funcionamiento de la Justicia.

Finalmente, la Sala Constitucional ampliada resolvió rechazar la acción planteada por González, consolidando así la pérdida de investidura aprobada por el Senado en febrero de 2024. La decisión fue adoptada por mayoría y puso fin a uno de los procesos más polémicos de los últimos años, marcado por acusaciones de persecución política, cuestionamientos al procedimiento legislativo y un intenso debate sobre los límites del control constitucional frente a las decisiones adoptadas por el Congreso.