Los denunciantes sostienen que el Ministerio Público no puede delegar una investigación penal en un órgano administrativo y advierten que el caso supera ampliamente una revisión de declaraciones juradas. En ese sentido, afirman que existen elementos suficientes para ordenar una pericia contable, financiera e impositiva independiente sobre el crecimiento patrimonial del mandatario entre 2017 y 2023, incluyendo acciones de UENO Holding, compra de bonos, CDA y otros movimientos financieros.

Además, los legisladores criticaron directamente la actuación de la Contraloría, señalando que aceptó explicaciones patrimoniales “de buena fe” sin exigir rectificaciones formales pese a las inconsistencias denunciadas.

En el escrito solicitan la designación de peritos independientes, el análisis integral de la evolución patrimonial y el cruzamiento de información bancaria, tributaria, bursátil y societaria para determinar la correspondencia entre los ingresos y el patrimonio acumulado del jefe de Estado.