Sin embargo, los que planeaban la “liberación” de los sicarios no contaban con que en diciembre de 2019 la Corte Suprema emanaría una resolución judicial que suspendía los efectos del fallo de segunda instancia que ordenaba que la causa vaya a Amambay. El máximo tribunal dispuso que el caso vuelva a Asunción.

Dicha resolución sería presentada recién al día siguiente, por lo que sistemáticamente aumentaba la presión para dar cumplimiento a la decisión judicial que ni siquiera correspondía a un juez de Capitán Bado, quien, convenientemente y aprovechando la feria judicial, terminó interviniendo para esta diligencia específica.

En este lapso, el juez Fernández Arce y su secretario, al igual que el abogado del grupo criminal de Minotauro, el concejal departamental Luis Guillén, colorado, exigían el inmediato cumplimiento de la resolución judicial de arresto domiciliario, se constituyeron en el penal amenazando incluso con imputar al director de la penitenciaría de Pedro Juan, y a la ministra Pérez Rivas, por desacato a una orden judicial.

Al día siguiente se repitió la historia, con el agravante de que ya el mismo juez se constituyó en la penitenciaría para exigir el cumplimiento de su orden judicial; Fernández Arce insistía a pesar de las explicaciones de la existencia de una resolución judicial de la Corte, que sería remitida ese mismo día, que lo declaraba incompetente para intervenir en la causa.

El juez Fernández Arce seguía teniendo el apoyo del abogado-concejal Guillén, quien invocaba vínculos y apoyos desde la capital del país, específicamente del Ministerio del Interior.

Finalmente, en enero de 2020, la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue presentada ante el Juzgado, lo que provocó que el juzgado revoque su resolución y devuelva el expediente del caso a la capital.

Ese mismo día el Jurado de Magistrados solicitó los antecedentes del caso y el juez Fernández Arce fue suspendido en sus funciones.

Esta resolución del JEM habría provocado la ira de los “soldados” de Minotauro, quienes decidieron unirse a los criminales del PCC en su plan original de fuga, iniciándose la excavación del túnel ese mismo día.

Este episodio que derivaría en la revocación del arresto, con tantos “actores” particulares involucrados, habría motivado el inicio o prosecución de la ejecución del plan de fuga masiva, que se concretó una semana después (19 de enero de 2020), cuando 76 miembros del PCC, incluidos los 6 sicarios de Minotauro, finalmente se fugaron de la Penitenciaría Regional de PJC.

Los sicarios de Minotauro que estaban en la cárcel de Concepción habrían intentado venir el último día del año hasta el penal de PJC, por “acercamiento familiar”, en coincidencia con la fecha en que se habrían suspendido los efectos de la resolución que llevaba el expediente de Asunción a Amambay. El pedido fue infructuoso.

El miércoles anterior a la fuga, uno de los integrantes del grupo de Minotauro en Misiones había igualmente intentado venir hasta Pedro Juan Caballero, por “acercamiento familiar”, cuando que en realidad lo que habría buscado era fugarse.

Atentado fallido

El día jueves 16 de enero de 2020, la ministra Cecilia Pérez Rivas se dirigía a las penitenciarías situadas en Emboscada, y llegando a ellas, todavía sobre la ruta, un vehículo blanco insistía que paren la marcha, tanto de un lado como del otro.

El citado automóvil era conducido por una mujer acompañada de otra, quieneshacían gestos para parar y ponerse frente a la camioneta en la que iba la ministra, para que detuviera la marcha.

Sin embargo, el chofer se negó a hacerlo y amagó con embestir al citadovehículo, y finalmente aceleró la marcha para perderse en un camino vecinal.

Ya con posterioridad se recibió una información confirmatoria de que el objetivo era detener la camioneta, abordar la misma y perpetrar un atentado contra Pérez Rivas.

El frustrado arresto domiciliario de los sicarios habría sido la causante del fallido acto de venganza. /Fuente: AbcColor / foto de portada: Sergio de Arruda, alias Minotauro/