La decisión fue adoptada tras el requerimiento presentado por el agente fiscal Andrés Arriola, titular de la Unidad Penal N.º 4 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado. La magistrada consideró que se encontraban reunidos los requisitos legales para disponer la captura a nivel internacional del procesado, quien ya había sido declarado en estado de rebeldía días antes.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, Rodríguez Aquino fue imputado por los hechos punibles previstos en los artículos 26, 27, 42 y 44 de la Ley N.º 1340/88 y su modificatoria, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal. La resolución judicial subraya que, atendiendo a la gravedad de los hechos atribuidos, la expectativa de pena podría alcanzar hasta 25 años de penitenciaría, especialmente en lo relativo al tráfico internacional de estupefacientes y la participación en una organización criminal.

La causa se origina en el denominado Operativo Perla Negra, un procedimiento de gran envergadura llevado a cabo por el Ministerio Público en coordinación con agentes especiales del SENAD, que permitió la incautación de uno de los mayores cargamentos de cocaína registrados en la zona sur del país. El operativo fue encabezado por la agente fiscal Elva Cáceres y se desarrolló sobre la ruta que une Yabebyry con Panchito López, en el departamento de Misiones.

Durante ese procedimiento fueron detenidas seis personas y se incautaron 456 kilos con 700 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 429 paquetes ocultos en un doble fondo especialmente acondicionado en uno de los dos camiones de la marca Kía interceptados. Por disposición fiscal, los vehículos y los aprehendidos fueron trasladados a la base de operaciones de la SENAD en Asunción, donde se realizó la extracción y el pesaje oficial de la sustancia.

En el marco del Operativo Perla Negra fueron detenidos Aníbal Almada Russi, Alfredo Ignacio Centurión Romero, Reinaldo Ramón Aquino, Alexis Elías Centurión Romero, Fernando Luis Florentín Britos y Edgar Agustín Lambaré González, quienes posteriormente fueron imputados por su presunta participación en el transporte y ocultamiento del cargamento. El valor estimado de la droga incautada fue calculado en alrededor de 14 millones de dólares en el mercado internacional.

Según el relato fáctico del Ministerio Público, la investigación permitió establecer la existencia de una organización criminal jerárquicamente estructurada, dedicada al tráfico internacional de cocaína. La red operaba mediante la adquisición de cargamentos provenientes de zonas de producción de la región, que eran transportados por vía aérea hasta áreas rurales del departamento de Ñeembucú, utilizando pistas clandestinas de aterrizaje.

La estructura criminal habría proporcionado pistas no habilitadas, combustible para aeronaves, coordenadas geográficas para la geolocalización de los puntos de aterrizaje y lugares de resguardo temporal de la droga, de modo a permitir que los cargamentos continuaran su trayecto hacia otros países. En particular, la Fiscalía atribuye a Rodríguez Aquino su participación en una operación realizada el 17 de diciembre de 2024, cuando una aeronave tipo Cessna, sin matrícula visible y procedente presumiblemente de Bolivia, aterrizó en el Aeródromo Municipal de Cerrito, Ñeembucú, transportando el cargamento de cocaína posteriormente incautado.

Tras esa operación aérea, la droga habría sido trasladada por vía terrestre en una camioneta con doble fondo, con destino a una zona fronteriza, para su posterior distribución en el mercado extranjero. Por estos hechos, también fueron imputados otros presuntos integrantes de la organización, quienes habrían intervenido en las distintas etapas de la logística y el transporte.

En atención a la rebeldía declarada y al riesgo de fuga, el juzgado dispuso librar los oficios correspondientes a la Policía Nacional, a INTERPOL y a la Dirección Nacional de Migraciones, ordenando que, una vez localizado Rodríguez Aquino, se solicite su detención preventiva con fines de extradición, conforme a los tratados internacionales vigentes.

El Observador