La medida fue dispuesta dentro de la Causa N.º 92/2026 —caratulada «Santiago Peña Palacios, Carlos Carvallo Spalding, Holger Insfrán, Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora s/ lesión de confianza y otros»—, por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal.

De acuerdo con los elementos recolectados en la pesquisa fiscal, la investigación contra el funcionario jurídico se sustenta en tres ejes principales:

Presunta alteración de informe: Se lo sindica de haber modificado y suprimido datos técnicos críticos en el informe oficial remitido el 7 de octubre de 2026 a la Cámara de Senadores (Nota BCP/P N.º 016) sobre la situación financiera de ueno bank S.A., pese a las advertencias formales de la Superintendencia de Bancos y a la negativa del Gerente General a firmar el documento adulterado.

Encubrimiento de insolvencia: Según el Ministerio Público, este ocultamiento impidió el control parlamentario oportuno y permitió que la entidad financiera continuara operando y captando depósitos masivos hasta su declaración de resolución el pasado 2 de noviembre.

Perjuicio patrimonial: La maniobra habría agravado el costo financiero para el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido fondos públicos y previsionales depositados en el banco.

El oficio fiscal ya fue recepcionado formalmente por la Comandancia de la Policía Nacional para dar cumplimiento inmediato a la orden de captura y poner al investigado a disposición del Ministerio Público a efectos de su declaración indagatoria.