La medida, fundamentada en el artículo 19 de la Constitución Nacional, asegura que ninguna persona permanezca en prisión preventiva por un período superior al de la pena mínima prevista para el delito.

Corvalán es señalado por la Fiscalía como una figura clave dentro de una red criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, conocido como uno de los mayores narcotraficantes de la región. Según el expediente, el procesado habría actuado como testaferro del grupo entre los años 2014 y 2019, periodo durante el cual adquirió la estancia Cristo Rey, un inmueble estratégico que habría sido utilizado para las operaciones ilícitas de la organización.

De acuerdo con la investigación, Corvalán compró la estancia Cristo Rey y la arrendó a uno de los principales líderes de la organización criminal. Esta operación fue catalogada como una simulación destinada a ocultar el origen ilícito de los fondos. Posteriormente, el inmueble fue transferido en múltiples ocasiones bajo condiciones sospechosas que involucraron a empresas como Cepagro S.A.E.C.A. y Arenales Paraguayos S.A.

El expediente detalla que estas transferencias habrían permitido a la organización blanquear dinero mediante la compra y venta de bienes inmuebles. Entre los elementos destacados por la Fiscalía, se menciona que los representantes legales de las empresas involucradas actuaron simultáneamente en calidad de vendedores y compradores, lo que sugiere un patrón coordinado para evitar el rastreo de los activos.

Además, conversaciones obtenidas a través de cooperación internacional con Brasil revelan comunicaciones entre integrantes de la organización, quienes discutían la venta de la estancia Cristo Rey, reforzando la hipótesis de que el inmueble era controlado directamente por el grupo criminal liderado por Pavão.

Condiciones del arresto domiciliario

En sustitución de la prisión preventiva, Corvalán deberá cumplir arresto domiciliario en su residencia en Fernando de la Mora, bajo medidas estrictas de control. Entre ellas, se incluye la obligación de permanecer en su residencia ubicada en Fernando de la Mora, donde será sometido a controles aleatorios realizados por la comisaría jurisdiccional. Los resultados de estos controles deberán ser informados semanalmente al tribunal, incluyendo actas de procedimiento y registros fotográficos.

Asimismo, el procesado tiene prohibido salir del país sin previa autorización judicial y no podrá cambiar de domicilio sin la debida autorización del juzgado. Como parte de las condiciones, Corvalán ofreció una caución juratoria, aceptada por el juez, para garantizar su cumplimiento con el proceso judicial en curso.