Para miles de paraguayos, las cooperativas son parte esencial en el desarrollo económico, pues les permite acceder a beneficios que en la mayor parte de los casos le son negados en el sistema financiero tradicional.

En efecto la propia palabra tiene un sentido altruista, destinado al progreso comunitario bajo un modelo solidario, de respeto e igualdad entre quienes aportan al sostenimiento de una institución de esta naturaleza.

Sin embargo, en los últimos años y debido a la gran receptividad en lo que respecta a la captación de recursos, las cooperativas se han convertido en un apetecible botín para actividades al margen de la ley, afectando directamente su imagen y el patrimonio de los socios que de buena voluntad aportan tiempo, esfuerzo y dinero.

Esto quedó evidenciado en la acusación del Fiscal Deny Yoon Pak en la causa A Ultranza Py, uno de las causas más importantes de la última década, debido al volumen de droga movida por la organización liderada por Miguel Insfrán y el prófugo Sebastián Marset, como de los componentes de su estructura, incluso con vinculación directa con un poder del Estado y con una de las cooperativas màs renombradas del país.

Se trata del exdiputado Juan Carlos Ozorio (ANR), quien por muchos años presidió el Consejo de Administración de la Cooperativa San Cristóbal, que a su vez le sirvió como un trampolín para llegar a la Cámara Baja en el periodo 2018-2023, hasta que al estallar el caso A Ultranza se vio obligado a renunciar a su banca y ser sometido al proceso.

“El relato fáctico del Ministerio Público refiere que en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa San Cristobal facilitó a la organización criminal la referida entidad que representaba,a fin de que los integrantes de la familia Insfran y su núcleo de personas dedicadas exclusivamente a insertar las ganancias obtenidas por Miguel Ángel Insfran Galeano,mediante la realización del tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, inserten el dinero proveniente de la mencionada actividad criminal, en las cuentas habilitadas a sus nombres, para que, de esa manera, lo conviertan en derechos de créditos, mientras que el dinero de origen ilícito introducido al sistema financiero, a su vez, fueran utilizados para otorgar préstamos a los demás socios genuinos.”

“La forma en la que Juan Carlos Ozorio les facilitó a los citados integrantes del grupo criminal la posibilidad de convertir las ganancias provenientes de las transacciones hechas con las cargas de drogas enviadas, concretamente en derechos de créditos que fueron usufructuado por los referidos, fue mediante la aprobación directa por parte del Consejo de Administración presidido por el acusado, a pesar de las observaciones hechas por los oficiales de atención de socios acerca de la falta de cumplimiento de los requisitos para acceder a los servicios y/o productos ofrecidos por la Cooperativa San Cristobal.

En consecuencia, el acusado contribuyó a que Miguel Ángel Insfran Galeano,José Alberto Insfran Galeano, Yolanda Insfrán Galeano, Conrado InsfranVillar, y otros,puedan disfrutar de los beneficios que obtuvieron del tráfico internacional de drogas,entre otros, de las remesas hechas durante los años 2020 a 2022, de la cantidad total de 17.340 kilogramos de clorhidrato de cocaína al continente europeo,particularmente a Bélgica y Holanda.

“El aseguramiento del disfrute de las ventajas económicas ilícitas incluso fue dado desde años anteriores al lapso de esta investigación, específicamente a partir del 2017 en adelante, ya que Miguel Ángel Insfran Galeano se dedicó al tráfico internacional de clorhidrato de cocaína, cuanto menos, desde hace más de 15 años atrás, y, en la generalidad de los casos, fue mediante la concesión de préstamos de distintos programas ofrecidos por la Cooperativa San Cristóbal, también descuentos de cheques, bajo la modalidad de préstamo, todas ellas aprobadas a pesar de la opinión y/o dictamen negativo tanto del oficial de atención de socios, también del analista de riesgo crediticio.”

De esta manera se comprueba que a pesar de las recomendaciones y el incumplimiento de requisitos crediticios, el Clan Insfrán tenía un trato preferencial en la citada entidad, mediante influencia directa de su expresidente, esto en detrimento del socio común que debe sobrellevar numerosos trámites burocráticos para acceder a sumas ínfimas que a su vez provenían del tráfico.

Segùn cifras manejadas al interior de la Cooperativa San Cristóbal, la gestión de Ozorio dejó pérdidas que rondan los G 55.000 millones, sumado a un desprestigio institucional y tremendas dificultades para la captación de nuevos socios.

Actualmente la causa A Ultranza Py se encuentra en etapa de audiencia preliminar, con la exposición de elementos colectados por el Ministerio Público que solicita que la causa sea elevada a juicio oral para 14 acusadoss. El “empresario” Alberto Koube y el exdiputado, Juan Carlos Osorio, encabezan la lista de 14 acusados.

La lista sigue con Luis Seberiano González, Conrado Insfrán Villar, Diego José Cubas Jordan, Job Von Zastrow Masi, José Enrique Gamarra Villalba, Liz Fabiola Taboada Gamarra ,Alexis González Zarate, Irma Vergara, Tadeo González Zarate, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Fátima Irene Koube Ayala y María Noelia Colman Alarcón