La defensora publica interviniente, Andrea Castillo, promovió la acción de amparo constitucional contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, luego de presentarse ante la oficina de Atención Permanente de San Lorenzo junto con la hija del hombre. 

La Defensora Pública fundamentó su solicitud alegando que la vida de las personas es un derecho garantizado en la Constitución Nacional por el Art. 4 que establece que la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción (…) Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica. De igual manera se basó en el Art. 68 de la Carta Magna, Del derecho a la salud, que menciona que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y de socorro en los casos de catástrofes y de accidente. 

Asimismo, enfatizó que, en tiempos de pandemia, el Estado es el responsable de garantizar este derecho por todos los medios posibles existentes en Salud Pública. Y teniendo en cuenta que el sistema público carecía de disponibilidad de cama de UTI para internar al hombre, la omisión del Estado en dar respuesta real al problema de salud vulnera el derecho constitucional, que es el de la protección a la salud y la vida. 

Tras lo expuesto, la Jueza Penal de Garantías de Atención Permanente, Gladys Fariña tuvo por iniciado el juicio de amparo constitucional, haciendo lugar a la medida cautelar de urgencia y ordenó al Ministerio de Salud la inmediata internación del hombre en Unidad de Terapia Intensiva. Posteriormente se derivó al Juez de Lambaré, Joel Melgarejo, para el dictamen de la primera providencia.

La Defensora solicitó reiteración de oficio al Juez de la causa para proceder al cumplimiento de la medida cautelar y finalmente el hombre fue trasladado a una sala de Terapia Intensiva de un hospital privado en donde continúa internado.