Por su parte, Rimmel Mohydin, representante de Amnistía Internacional, al considerar drástica la medida se manifestó en contra de esta ley pakistaní y declaró que "esta legislación cruel e inhumana no solo viola las obligaciones legales internacionales y constitucionales de Pakistán. Tampoco hará nada para abordar el flagelo de la violencia sexual". "En lugar de aumentar los castigos, las autoridades deberían abordar los problemas profundamente arraigados en el sistema de justicia penal, ya que invariablemente niegan justicia a las víctimas", agregó.

El proyecto de castración química había entrado en vigor esta semana después del descontento público por los crecientes casos de violencia sexual contra mujeres y niños en el país. Sin embargo, el Gobierno debía validar la medida en el Parlamento para hacerla efectiva de manera permanente. En Pakistán muchos critican que los juicios tarden tantos años y que, en ocasiones, se terminen anulando sentencias, por lo que el Gobierno busca acelerar dichos procesos. Uno de los casos destacados de los últimos años es el de una mujer violentada sexualmente frente a sus hijos en 2020, que generó indignación y multitudinarias protestas públicas. Los atacantes fueron condenados a muerte pero apelaron las sentencias.