A su criterio, el plan de gastos prevé incrementar los egresos del país, pero gran parte de los recursos se destinarían a pagar deudas acumuladas y gastos rígidos, sin generar capacidad o mejoras para la ciudadanía.

En ese sentido, el proyecto pretende destinar un mayor presupuesto al Ministerio de Salud, pero será principalmente para cancelar las obligaciones que tiene el Estado con las industrias farmacéuticas, mientras que en el caso de Educación tendrá un crecimiento real negativo y menor inversión física.

“Salud sube 76,9%, pero el 78% del incremento va a saldar deudas con farmacéuticas —regularizar atrasos es correcto, pero no agrega un médico ni una cama—. Educación crece 0,5% nominal con inflación proyectada de 3,5%: Cae casi tres puntos en términos reales, y la caída del rubro 500 posterga otra vez infraestructura escolar. El marco es rígido: G. 49,7 billones de gasto rígido sobre G. 166,3 billones totales. Cuando la rigidez crece y el ingreso no, el ajuste nunca cae sobre la rigidez: Cae sobre la inversión y sobre los proveedores”, expresa en entrevista con ÚH.

En cuanto a la trayectoria fiscal, sostiene que si bien es positivo regularizar las deudas con los proveedores, para él no es creíble retornar al déficit de 1,5% del producto interno bruto (PIB) en 2028 sin medidas concretas de eficiencia, aumento de ingresos o reducción de gastos, sobre todo en un año electoral.

López también advierte que existe el riesgo de que vuelvan a acumularse atrasos si no se corrige el déficit estructural.

“Blanquear los atrasos es lo correcto y hay que valorarlo. Lo que me preocupa es el mecanismo: Se suspende por ley anual de presupuesto una Ley permanente de Responsabilidad Fiscal”, critica.

Para el 2027, el proyecto de PGN contempla un déficit fiscal de 3,9% del PIB. El MEF justificó esta previsión señalando que el resultado estará fuertemente influenciado por la regularización de las obligaciones pendientes principalmente con el sector de salud.

De acuerdo con la explicación oficial, aproximadamente 2 puntos porcentuales del déficit corresponderían a esta regularización extraordinaria, mientras que el déficit subyacente, excluyendo esas obligaciones, se ubicaría en torno al 1,9% del PIB.

Cuestionados. Respecto al presupuesto del Congreso Nacional, uno de los sectores más cuestionados por sus gastos superfluos, el ex ministro señala que se trata de un presupuesto pequeño, pero sugiere reasignarlo para tener menos personal de confianza, pero una oficina más técnica y con mayor profesionalismo.

“USD 119,9 millones sobre USD 25.754 millones es menos del 0,5% del total: Recortar ahí es un gesto, no una  política. La pregunta correcta no es cuánto, sino en qué. Un Legislativo sin capacidad técnica no controla al Ejecutivo, y hoy el desequilibrio informativo es evidente”, afirma.

Igualmente, sobre los gastos reservados de la Presidencia, los cuales se mantendrán en G. 4.000 millones según el proyecto, afirma que también implica un monto reducido, pero cuestiona la falta de transparencia y controles sobre su uso cada año.

“Son unos USD 620.000: Fiscalmente irrelevante, institucionalmente no. Hay usos legítimos que ningún país documenta en tiempo real; el problema es el régimen de rendición (...). No afirmo que haya uso indebido, no tengo evidencia; afirmo que el diseño no permite descartarlo”, sostiene el experto.

La presión tributaria, por su lado, que se prevé se mantenga estancada en 11,2% el próximo año —según López—, representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal.

Advierte que si no aumentan los ingresos ni mejora significativamente la calidad del gasto, el Estado podría depender cada vez más del endeudamiento, reducir la inversión pública o acumular más atrasos con proveedores.

Añade que el no discutir sobre la necesidad de más ingresos arriesga al país a quedar “atrapado” en un equilibrio de bajo nivel, con “pocos impuestos, malos servicios, y por eso mismo resistencia a pagar impuestos”.

Contribuyentes del futuro son los que paguen subsidio, alerta

Sobre el subsidio a los transportistas, Benigno López cuestiona que se apunte a financiar en un 100% con deuda. Advierte que, con esto, los contribuyentes del 2035 pagarán los pasajes del 2027. Instó a que el crédito público se destine a inversión, mientras que los ingresos corrientes vayan para gastos corrientes. “No subsidiamos transporte, subsidiamos una falla regulatoria. No propongo recorte lineal, propongo datos de billetaje auditados y publicados, pago vinculado a estándares verificables con descuento automático por incumplimiento, y una senda de salida con plazos. Sin eso, un aumento de 35% compra el mismo servicio más caro”, concluye.

Cuestiona diseño fiscal y ejecución de los programas sociales

El ex ministro de Hacienda Benigno López también analiza los programas sociales que seguirán siendo implementados el próximo año y para los cuales incluso se prevé destinar más recursos.

En el caso de Hambre Cero, el profesional respalda conceptualmente el programa, pero cuestiona su diseño fiscal debido a que está respaldado o depende principalmente de recursos “variables” de la Itaipú Binacional. A su criterio, se debe justificar el aumento presupuestario previsto, teniendo en cuenta que la cobertura ya alcanzó el 100% en el 2026.

En ese sentido, reclama una evaluación de impacto y auditorías sobre las compras para evitar su utilización con fines electorales.

“Como política pública tiene respaldo empírico sólido en asistencia y aprendizaje. Como diseño fiscal: Se financia principalmente con recursos de Itaipú; es decir, un derecho permanente sostenido con un recurso variable”, especifica.

En cuanto a la pensión para adultos mayores, lamenta que la incorporación de solo 30.000 nuevos beneficiarios anuales no alcanza para cubrir a las más de 106.000 personas que cumplen los requisitos y están a la espera. Afirma que el Gobierno debe financiar plenamente el derecho o modificar la ley para focalizar.

“Mantener el derecho en la ley y la fila en la práctica deja una lista de espera discrecional sobre un derecho legal, que es un pasivo real sin registrar”, expresa al respecto.

Finalmente, con respecto a la Caja Fiscal, cuyo déficit sigue en crecimiento a pesar de la reciente reforma, López sostiene que el crecimiento de 20% en las transferencias previstas para el 2027 confirma que el sistema seguirá ejerciendo presión y se debe apuntar a otra reforma.

“En un país con 60% de informalidad, trabajadores sin cobertura previsional propia financian la jubilación de quienes sí la tienen. La Ley 7633/2026 fue una oportunidad perdida. En el futuro cercano nos veremos obligados a hacer otra”, complementa.

• 499,9 millones de dólares es el presupuesto proyectado para 2027 del programa Hambre Cero.
• 106.000 adultos mayores están a la espera de la pensión estatal, pero solo se incluirá a 30.000 en 2027.