Introducción

Los acuerdos conocidos como Status of Forces Agreement (SOFA) regulan la presencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio de un país. Estados Unidos mantiene este tipo de acuerdos con decenas de Estados alrededor del mundo, desde Europa hasta Asia y América Latina.

En teoría, estos acuerdos buscan facilitar la cooperación militar entre países aliados. En la práctica, su contenido refleja siempre el equilibrio de poder entre las partes. Los países con mayor capacidad de negociación suelen preservar su jurisdicción penal y establecer límites claros a la presencia militar extranjera.

Por eso, cuando se analizan comparativamente los principales acuerdos de este tipo en el mundo, surge una conclusión llamativa: Paraguay ha firmado uno de los acuerdos más favorables a los intereses estadounidenses entre todos los países democráticos del mundo.

El corazón del problema: la jurisdicción

En cualquier acuerdo SOFA, la cuestión central es siempre la misma: quién tiene derecho a ejercer la jurisdicción penal cuando un miembro de las fuerzas extranjeras comete un delito.

Los acuerdos más equilibrados del mundo establecen una regla relativamente clara: el país anfitrión mantiene jurisdicción primaria cuando el delito ocurre fuera de servicio y afecta a sus ciudadanos.

Ese es el modelo que rige, por ejemplo, en acuerdos como el firmado entre Japón y Estados Unidos. 

Allí se establecen criterios específicos que permiten a los tribunales japoneses juzgar delitos cometidos contra civiles japoneses fuera de servicio.

El tratado firmado por Paraguay adopta una fórmula considerablemente más amplia. El texto establece que Paraguay autoriza a Estados Unidos a ejercer jurisdicción penal sobre su personal en territorio paraguayo.

A diferencia de otros acuerdos internacionales, el texto paraguayo:

no distingue entre actos de servicio y fuera de servicio
no establece jurisdicción primaria paraguaya
no detalla mecanismos claros de entrega de acusados.

Esta redacción coloca a Paraguay en una posición significativamente más débil que la de otros países aliados de Estados Unidos.

Lo que ocurrió en otros países

La importancia de esta cuestión no es teórica. En varios países del mundo, delitos cometidos por personal militar extranjero han provocado crisis políticas profundas precisamente por la disputa sobre la jurisdicción.
En Japón, la violación de una menor en Okinawa en 1995 provocó protestas masivas contra la presencia militar estadounidense.

En Italia, el accidente del teleférico de Cavalese en 1998 —que causó veinte muertes— generó una crisis diplomática cuando los pilotos estadounidenses fueron juzgados en Estados Unidos y absueltos de homicidio.

En Corea del Sur, la muerte de dos adolescentes atropelladas por un vehículo militar en 2002 provocó manifestaciones multitudinarias tras la absolución de los soldados responsables en tribunales militares estadounidenses.

En todos estos casos, el debate público giró alrededor de la misma pregunta: quién tiene derecho a ejercer justicia dentro del territorio nacional.

Países comparables que negociaron mejores condiciones

La comparación internacional resulta aún más reveladora cuando se observan países de características similares o incluso más dependientes de la cooperación militar estadounidense.
Honduras

Honduras alberga desde hace décadas una base aérea estadounidense en Soto Cano. A pesar de esta fuerte presencia militar, el acuerdo establece jurisdicción compartida, permitiendo que tribunales hondureños juzguen delitos cometidos fuera de servicio contra ciudadanos del país.
Guatemala

Guatemala también ha firmado acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos. Sin embargo, estos acuerdos han sido cuidadosamente delimitados y sometidos a control político interno, evitando la cesión abierta de jurisdicción penal en su territorio.
Colombia

El caso colombiano resulta particularmente ilustrativo. En el marco del Plan Colombia, Bogotá firmó acuerdos militares amplios con Washington. Sin embargo, en 2010 la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional un acuerdo de cooperación militar que permitía el uso de bases por parte de Estados Unidos, argumentando que debía ser aprobado por el Congreso.

Esto demuestra que incluso un aliado estratégico de Estados Unidos en materia de seguridad mantiene mecanismos de control constitucional sobre este tipo de acuerdos.

¿Por qué Paraguay acepta lo que otros países rechazan?

Los acuerdos de este tipo siempre se construyen en función de la relación de fuerzas entre las partes. Naturalmente, potencias como Francia, Alemania o Italia defienden con mayor firmeza su soberanía y negocian condiciones más equilibradas frente a Estados Unidos.

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo aparece cuando la comparación se traslada a países de menor peso relativo. Incluso Estados con capacidades militares y económicas limitadas —como Honduras o Guatemala— han logrado preservar aspectos centrales de su jurisdicción y mantener vigente el principio de soberanía sobre su territorio.

Paraguay, en cambio, ha seguido un camino completamente distinto. A pesar de ser históricamente uno de los aliados más estables de Estados Unidos en la región, ha aceptado un acuerdo que, por su redacción y alcance, se ubica entre los más desequilibrados del mundo democrático. En comparación con otros países de América Latina —e incluso con aliados estratégicos de Washington— Paraguay aparece como el país que ha concedido las condiciones más amplias en favor de la jurisdicción estadounidense.

Esta situación obliga inevitablemente a plantear una pregunta incómoda: ¿por qué Paraguay aceptó condiciones que otros países de peso similar o incluso menor no estuvieron dispuestos a aceptar?

La respuesta difícilmente pueda encontrarse únicamente en la política de defensa o en la cooperación internacional. El contexto político en el que se negoció este acuerdo resulta demasiado iluminador. El levantamiento de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el presidente del Partido Colorado coincidió con el avance de las negociaciones del tratado, lo que nos lleva a muchos a interpretar estos hechos como parte de una dinámica de negociación política más amplia.

En este escenario, el problema adquiere una dimensión mucho más grave: ya no se trata solamente de un acuerdo militar desequilibrado, sino de una política exterior donde intereses personales terminan condicionando decisiones que afectan directamente la soberanía del Estado paraguayo.

Es asi que hoy resuena con una ironía difícil de ignorar aquella frase pronunciada años atrás por el entonces presidente Horacio Cartes frente a funcionarios estadounidenses: “usen y abusen”.

Hoy, a la luz de los términos del acuerdo firmado, aquella expresión parece haber dejado de ser una anécdota para convertirse en una descripción incómodamente precisa de la política exterior del Paraguay.

Efrain Alegre hijo.