Detalló que el monto requerido por ambos, por su supuesta destitución irregular de la máxima instancia judicial, superaba los 2.000.000 de dólares, pero apuntó que la instancia internacional solo estableció que Paraguay debe pagar cerca de 525.000 dólares en el caso de Ríos Ávalos y 270.000 dólares en lo que respecta al fallecido Fernández Gadea. Indicó que Paraguay tiene un año de plazo para abonar la suma a partir de la notificación y puntualizó que los desembolsos pueden realizarse en forma fraccionada.