La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), manejada por Juan Carlos Duarte, demuestra una llamativa pasividad sobre la adjudicación de la licencia 5G a la pequeña empresa salteña Nubicom que no tiene oficina, ni clientes en el país.

El informe que remitió la Contraloría General de la República (CGR), a principios de este año es bastante claro, y el capitulo VI punto 4, sobre “recomendaciones”, resalta que en caso de faltas de carácter sustancial o reincidencia, se evalúe la “rescisión o revocación de la licencia”, con estricta sujeción al ordenamiento jurídico.

Esta recomendación que hizo la CGR se dio a conocer a finales de febrero de este año, porque desde ese entonces y hasta ahora, la pequeña empresa salteña y la propia Conatel, no pueden demostrar que Nubicom tiene 100.000 abonados como exige el PBC. El documento también habla de “flexibilidad” por parte del ente regulador local, en lo que guarda relación con la capacidad financiera, porque Nubicom no llega a la facturación de US$ 10 millones al año de manera sostenida.

La cosa se complica un más, porque ahora, se le debe sumar otro elemento, y tiene que ver con el despliegue de infraestructura y servicio comercial, que tampoco se cumplió con el plazo establecido de 180 días, desde el 13 de octubre fecha de adjudicación de la licencia.

La Conatel es garante de cumplimiento

Desde un principio, la Conatel defendió a “capa y espada”, la adjudicación a Nubicom por intermedio de su vocero y miembro del directorio, Víctor Martínez, sin embargo, la Contraloría resalta que ente regulador debe actuar en calidad de “garante del interés general”, lo que conlleva la obligación institucional de celar por el cumplimiento del servicio comprometido.

Hasta ahora la Conatel no mostró ningún tipo de interés en dar cumplimiento a lo que ellos mismos solicitaron en el primer llamado para prestación de servicio 5G y sin esclarecer “los cabos sueltos”, ya quiere avanzar en otro llamado por el mismo servicio.

A todo esto se le suma la mínima recaudación de US$ 4 millones con 5G, versus US$ 180 millones con 4G, una tecnología menor y que coloca además a Paraguay como uno de los peores recaudadores de un bien del Estado que es escaso.