Así lo manifestó en contacto con el programa Cuarto Intermedio a través de El Observador Radio TV, con respecto a la contestación de incidentes en audiencia preliminar.

«En esta causa hay concurso de hechos punibles, en la mayor cantidad de procesados, si bien son delitos de hasta cinco años de pena privativa, la posibilidad de concurso teniendo lavado de activos y asociación criminal por el otro, nos lleva a las normas del Art 70 del Código Penal, donde existe una expectativa mayor del Ministerio Público, que va hasta 7 años y 6 meses»

“Atendiendo a estas circunstancias y sobre todo teniendo en cuenta los ofrecimientos tanto del cuantum como de una posibilidad de reparación adicional de cada uno de los procesados, esto en forma adicional a las circunstancias de comiso, hemos verificado que en su mayor medida la mayoría de ellas no podrían ser pasibles de una salida alternativa por cuanto que la expectativa de pena que tiene el Ministerio Público es mucho mayor en relación a las propuestas realizadas por sus defensas. Sin embargo, hemos verificado que algunos de los procesados tienen una expectativa de pena  de hasta 5 años en las cuales sí podría caber ese análisis,”, precisó.

Inexistencia de vicios en acusación 

Entre los incidentes planteados también figuró el pedido de nulidad, sobre el particular la fiscal ratificó la postura del órgano investigador de que no existe ninguna causal ni vicio en cuanto al proceso, ninguna motivación que pueda dar lugar a nulidad, por cuanto que la investigación concluyó en la fecha fijada conforme a una prórroga extraordinaria, las documentaciones y evidencias fueron remitidas en tiempo y forma. Evidentemente, por el caudal de documentación de tomos y evidencias, esto no fue posible eh para el juzgado hacer un control en un único día.

Antecedentes

En el proceso hay 24 personas acusadas de formar parte del esquema de lavado de dinero del narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavao, privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en Brasil.

Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral a 24 personas, que formaron parte de un esquema criminal liderado por el narcotraficante detenido en Brasil Jarvis Chimenes Pavao, para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar sus bienes a través de testaferros.

Entre los acusados está el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, “quien realizó transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización”.

El Ministerio Público solicitó el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente US$ 150 millones y US$ 2 millones, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.

El Observador