El incidente se produjo a las 09:50 en la calle Teniente 1º Guillermo Arias casi 1º de Mayo del referido barrio de la capital departamental y tuvo como protagonistas a Cristian Alfredo Segovia y Víctor Alfredo Torres Britos. El problema surgió porque el primero de ellos intentaba girar a una calle asfaltada con el autobús y no tenía suficiente espacio para maniobrar porque la furgoneta estacionada en la calle le impedía el paso y el chofer se negaba a moverse del lugar. Un testigo filmó con su teléfono celular el momento de la acalorada discusión y la posterior agresión física sufrida por Torres Britos. En el video se puede ver que inicialmente el chofer de la furgoneta arrojó un objeto contundente contra el ómnibus de la empresa San Luis SA.

A raíz de esta situación, Segovia bajó del colectivo con una pistola en mano, que descerrajó y apuntó contra Torres Britos. No obstante, mediante la intervención de testigos, principalmente de una corajuda mujer, la pelea no pasó a mayores.

Posteriormente, los agentes de la comisaría 3ª de la jurisdicción intervinieron en el hecho y pidieron al conductor del autobús que mostrara el arma que utilizó. Pero, afirmó que era de juguete. Sin embargo, no presentó el arma y durante la inspección de la cabina, no se encontró la pistola que se ve claramente en el video grabado por el testigo.

A su vez, el conductor de la furgoneta, que sufrió la herida cortante en el pómulo izquierdo, fue trasladado por familiares al hospital de Emergencias Médica de la capital del Alto Paraná para ser asistido por los médicos.

Llamativamente, el conductor de la empresa San Luis no fue aprehendido por los agentes policiales de la zona, a pesar de haber sacado un arma y amenazado con usarla contra Torres Britos. Incluso, el informe policial califica a los hechos como lesión y daños materiales, delitos de acción penal privada y que el Ministerio Público no puede investigar.

No obstante, el fiscal Alcides Giménez tiene la facultad de corregir esto y abrir una investigación en contra del colectivero por el supuesto hecho punible de transgresión de ley de armas, según coincidieron en manifestar algunos profesionales del derecho consultados al respecto.