Desde hace décadas, Paraguay se ha convertido en “tierra fértil” para los criminales ligados al tráfico de estupefacientes, principalmente vinculados a la comercialización ilícita de marihuana.

Buscando aprovechar las características y bondades de nuestro suelo, los narcos decidieron instalarse en sectores alejados de las áreas urbanas para la plantación de cannabis en grandes cantidades.

Pese a las continuas incursiones y operativos impulsados por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), con apoyo de otras autoridades tanto locales como extranjeras, esta práctica sigue tan vigente como hace unos años.

Además del problema que acarrea de por sí el narcotráfico, propiciando las adicciones en jóvenes y moviendo un millonario negocio ilegal, existe un dilema que no debe ser ignorado: la pérdida de nuestros bosques.

En una charla brindada días atrás en Hernandarias, en el marco de una serie de jornadas de capacitación promovidas por Itaipú Binacional, el ministro de la SENAD, Jalil Rachid, habló sobre lo que hoy catalogan como “un ecocidio silencioso”, producto de la destrucción sistemática de bosques en áreas protegidas.

Según datos manejados por la institución, tan solo en los últimos dos años, el crimen organizado fue capaz de arrasar con 5.400 hectáreas de bosques, que acabaron siendo convertidas en plantaciones ilegales de marihuana, producto que tiene como principal destino el Brasil.

Hablar de marihuana ilícita también es hablar de deforestación, teniendo en cuenta que la recomposición forestal de las superficies afectadas llevaría décadas, indicó Rachid, quien puso en relieve el nuevo enfoque de la lucha contra el narcotráfico con perspectiva ambiental.

Dentro de esta nueva faceta del Derecho Ambiental, expuso herramientas jurídicas que amparan la persecución conjunta del delito ambiental y del narcotráfico, incorporando, por ejemplo, a los guardaparques como actores clave en futuras intervenciones.

Por si fuera poco, también se ha descubierto la utilización de territorios indígenas para el usufructo ilícito de los narcotraficantes, quienes invaden sin autorización estos espacios protegidos para la plantación de cannabis, alertó el ministro.

Con el objetivo de contrarrestar esta situación, la Dirección de Desarrollo Alternativo de la SENAD, en conjunto con el Instituto Forestal Nacional (INFONA) impulsan el programa “Renovar”, que consiste en la siembra de especies nativas en parcelas de bosques deforestados para el cultivo de marihuana.

Dicha tarea, que también posee el apoyo de la Fuerza Aérea Paraguay, tiene el propósito de restituir de manera gradual algunos ecosistemas dañados para el desarrollo de actividades ilícitas mediante la siembra de plantines y la dispersión de semillas.

Como parte de estos mismos esfuerzos, la SENAD tiempo atrás había suscrito un acuerdo de cooperación con la Fundación Moisés Bertoni, de modo a llevar adelante una acción coordinada en defensa del patrimonio natural del país y, en especial, de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.

Según cifras actualizadas a julio de este año, entre 90.000 a 100.000 árboles nativos habían sido derribados para producir drogas en esta reserva ubicada en la zona de Canindeyú. En lo que va del 2025, fueron descubiertas y destruidas un total de 134 hectáreas de marihuana, a través de los operativos Mbaracayú I, II y III de la Secretaría Nacional Antidrogas.

Otros espacios protegidos que corrieron con la misma suerte son: Parque Nacional Cerro Corá (Amambay), Parque Nacional Caazapá (Caazapá), Reserva Natural San Rafael (Itapúa y Caazapá), Reserva Natural La Paraguaya (Amambay), Reserva Natural Ñacunday (Alto Paraná) y Reserva Natural Morombí (Caaguazú y Canindeyú).

Las evidencias revelan una dolorosa realidad ambiental que merece una atención aún más urgente de parte de las autoridades, puesto que los actuales esfuerzos siguen siendo insuficientes para frenar la criminal destrucción de zonas boscosas en Paraguay.