El fiscal del caso, Alejandro Cardozo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado dijo al El Observador que cuentan con los elementos necesarios para sostener la teoría del caso y que, además, se usaron dos armas de fuego para acabar con la vida del político.

“Estamos ya bastante avanzados, en unas sesiones más estaríamos para avanzar a la siguiente etapa que es la de alegatos de culminación. La teoría del caso plasmada en el requerimiento acusatorio habla de que esta persona habría prestado colaboración, habría prestado una de las armas de fuego que habría terminado con la vida del Intendente, teniendo en cuenta que fueron utilizadas dos armas de fuego según pericias balísticas y creemos que tenemos el caudal probatorio para sostener que una de las armas fue proveída por esta persona”, declaró.

Asimismo, había señalado que hay elementos que prueban que Ayala “fue la última persona que tenía en su poder el arma. Incluso hizo trámites para inscribir a su nombre, se comportaba como dueño”. El arma en cuestión es una pistola calibre 9 mm con la cual se habría acabado con la vida del jefe comunal.

El atentado contra Acevedo ocurrió frente al Palacio de Justicia de PJC. Cuatro sicarios llegaron en auto y efectuaron varios disparos. El ex intendente falleció días después.

Recordemos que Ayala Benítez, de 35 años y oriundo de Capitán Bado, fue detenido en julio de 2022 en Encarnación tras un incidente callejero. Al momento de su captura tenía marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego, en dicha ocasión el fiscal Federico Delfino lo imputó y pidió prisión preventiva.

En junio de 2023, el juez penal de Garantías Álvaro Rojas Almirón rechazó el sobreseimiento definitivo y elevó la causa a juicio oral.

Alias “Alemão” ya fue detenido en Paraguay y Brasil. Según investigadores, operaba en el negocio de ajuste de cuentas en la frontera y otros departamentos. También tiene orden de captura en Brasil por organización criminal.

Cabe destacar que el juicio seguirá el próximo 27 de mayo en la sede central del Palacio de Justicia.

El Observador