El 5 de mayo, el juez federal Walter Bento, fue imputado por la Fiscalía General de Mendoza por asociación ilícita, cobro de sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Al menos seis presos imputados por contrabando, narcotráfico y documentación apócrifa pagaron coimas entre 50 y 200 mil dólares a la red criminal del juez para quedar en libertad.

Los fiscales dicen que Bento estaba a cargo de la red, que incluía a tres abogados y un exfuncionario de aduanas, Diego Aliaga, que fue secuestrado y asesinado por asaltantes desconocidos en julio de 2020. Aliaga habría actuado como intermediario, reuniéndose con los abogados y dándoles instrucciones del juez, según el diario Clarín. Un total de 16 personas, entre ellas Bento, han sido acusadas de soborno.

El abogado de Bento le dijo a Clarín que los cargos contra su cliente son el resultado de «un fiscal enemigo». Si es condenado, Bento enfrenta una sentencia de cinco a 41 años de prisión.

Este no es el único caso en el que los jueces federales argentinos están acusados de planes de soborno. En 2015, Raúl Reynoso, un juez federal en la ciudad fronteriza norteña de Orán, fue acusado de soborno y de favorecer a los pequeños y grandes narcotraficantes que operan en la frontera entre Argentina y Bolivia. El juez Reynoso, que fue condenado a 13 años de prisión, había sido reconocido anteriormente por su trabajo en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Asimismo, el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue imputado por integrar la red de contrabandistas de Itatí, la cual se encargaba de transportar marihuana producida en Paraguay hasta la pequeña ciudad de Itatí en Corrientes y luego transportarla hasta las principales ciudades de Argentina. Se cree que la red tenía la capacidad de transportar hasta seis toneladas de marihuana por semana.

Soto Dávila, dijeron los fiscales, trabajó con dos de sus secretarios y cinco abogados que representaban a personas acusadas de tráfico de drogas para proteger la red de contrabando. Juntos, negociaron demoras en las investigaciones o obtuvieron sentencias reducidas a cambio de pagos, dijeron los fiscales.