Para ello, requieren convocar urgente a la Cámara de Diputados para tratar el tema. El documento fue entregado al titular de la Comisión, el senador Colym Soroka.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés presentó ante la Presidencia de la Comisión Permanente del Parlamento Nacional un memorándum que contiene un pedido formal de juicio político contra ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de un relatorio de hechos, propuestas institucionales, un informe sobre modalidades de estafa, datos económicos y el impacto social atribuido al esquema de pagarés.

En el documento, la organización informó que en noviembre de 2025 presentó ante la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra ministros del máximo tribunal, aludiendo a la falta de respuestas institucionales ante los reclamos de las víctimas. En su petitorio dirigido a la Comisión Permanente del Congreso, solicitaron promover el juicio político por mal desempeño y falta de garantías judiciales, así como convocar de carácter urgente a la Cámara de Diputados para tratar el esquema de embargos que, según el texto, afecta a la clase trabajadora.

El escrito señala que entre mayo y octubre de 2025 la Coordinadora presentó propuestas ante ministros de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Alberto Martínez Simón, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia. Indicaron haber entregado un estudio que identifica a 17.000 víctimas reales. Las propuestas incluyeron la suspensión genérica de embargos ejecutivos, la suspensión selectiva basada en listas de casos con irregularidades, la creación de un tribunal especializado, la designación de jueces especiales, el traslado de expedientes a juzgados de paz del domicilio de las víctimas, la ampliación del horario de atención de los juzgados de paz y la convocatoria a una Cumbre de Poderes para abordar el fenómeno de manera integral. Según el documento, estas solicitudes no obtuvieron respuestas favorables.

El memorándum expone que la organización nació el 4 de abril de 2025 en Itapúa, impulsada por excompañeros del Instituto de Formación Docente de Encarnación afectados por embargos judiciales. El 16 de abril, tras un debate público en la Gobernación, decidieron iniciar acciones formales contra lo que denominan “mafia de los pagarés”. Desde el inicio, manifiestan preocupación por la negativa de la CSJ a suspender ejecuciones, incluso ante pedidos presentados por la Defensoría Pública.

La cronología de acciones detalla que el 30 de abril se realizó una movilización frente a la Fiscalía de Encarnación y la presentación de denuncias penales con asesoría jurídica propia. El 12 de mayo se entregaron denuncias colectivas adicionales. El 13 de mayo hubo una movilización frente a la Fiscalía de Colonias Unidas y jornadas de concienciación en escuelas. El 23 de mayo se desarrolló una reunión en la Gobernación de Itapúa, donde se expuso la magnitud del daño con datos verificados. El 3 de junio, la organización se declaró de alcance nacional tras constatar que los embargos operan como “fábricas” de despojo masivo.

MODALIDADES DE ESTAFA

El documento incluye una descripción de las modalidades de estafa atribuidas al sistema de pagarés. Se menciona el cobro múltiple de un mismo pagaré en distintos juzgados, la falsificación de firmas en pagarés o documentos relacionados, préstamos otorgados con notificaciones judiciales ya firmadas, préstamos gestionados por intermediarios con cobro de comisiones elevadas, adulteración de pagarés mediante modificación de fechas o montos y convocatorias de acreedores utilizadas para regularizar deudas irregulares.

En el apartado de datos estadísticos y financieros, la Coordinadora reporta 17.000 personas afectadas, con un promedio de descuento mensual per cápita de 3.000.000 de guaraníes. Esto representa un total mensual de 51.000 millones de guaraníes y un total anual de 612.000 millones de guaraníes. El ingreso anual estimado en dólares asciende a aproximadamente 82 millones. El documento precisa que los datos corresponden a descuentos por embargos y convencionales en ministerios, sin incluir los descuentos del Banco Nacional de Fomento.

El informe incorpora un gráfico que distribuye las modalidades de estafa: préstamo por embargos (39%), cobros múltiples (18%), préstamo por gestión (14%), pagarés adulterados (10%), firmas falsificadas (7%), convocatoria de acreedores (2%) y otros (10%).

Asimismo, el memorándum expone las situaciones y secuelas atribuidas al impacto de los embargos. Se mencionan días sin tener para comer, hijos que pasan hambre, abandono de estudios, imposibilidad de continuar tratamientos médicos o terapias, enfermedades asociadas al estrés, depresión y ansiedad, situaciones de bullying, intentos o pensamientos suicidas, falta de dinero para elementos de higiene y exclusión social. Un gráfico ubica al estrés como la consecuencia más reportada (33%), seguido de días sin comida (13%), imposibilidad de seguir estudiando (9%), exclusión social (9%), falta de elementos de higiene (6%), hijos con hambre (6%), enfermedades varias (7%), intento de suicidio (4%), bullying (3%) y otras secuelas (9%).

En relación con la Ley Nº 7614, el documento señala que es considerada una herramienta importante, pero con eficacia limitada por la falta de registro de víctimas en la Cámara de Senadores. Indica que más del 50% de las víctimas no están registradas y desconocen la ubicación de sus expedientes, los juzgados intervinientes o las empresas responsables de los embargos. La tabla presentada refiere que el 13% sí conoce la ubicación de sus expedientes, el 11% no, el 21% conoce solo algunos casos y el 55% declara no saber dónde se encuentran.

Finalmente, en el apartado de preguntas y respuestas, el documento sostiene que el estudio individual de cada caso es inviable debido a la producción masiva de juicios y embargos. Señala que, considerando 204.000 expedientes, es humanamente imposible que los jueces puedan leer y juzgar cada causa de manera adecuada. Como medidas, el texto menciona el juicio político a ministros de la CSJ, la creación de un tribunal especial o la investigación de una asociación criminal por parte del Ministerio Público, requiriendo intervención del Parlamento.

El Observador