Durante una entrevista en el programa “Fuego Cruzado” de GEN/Nación Media, Olazar señaló que el informe pendiente es clave para esclarecer si existieron irregularidades en el uso de fondos bajo la Ley 7037, también conocida como “Ley Samaniego”, la cual fue promulgada para cubrir deudas de 350 millones de dólares con empresas farmacéuticas.

Olazar expresó que el Ministerio Público “debería esperar el resultado para presentar la desestimación”, debido a que el requerimiento contiene cinco puntos que reflejan inconsistencias en los saldos presupuestarios y diferencias en registros administrativos. Según la directora de Auditoría del IPS, la Fiscalía habría calificado estos hechos como diferencias administrativas, no considerándolos punibles. Sin embargo, la doctora destacó que la auditoría aún está revisando un aspecto esencial relacionado con los préstamos del IPS y sus posibles usos indebidos.

“Un préstamo superior al presupuesto fue realizado sin justificación, lo cual está prohibido por ley”, comentó Olazar. Añadió que podrían confirmarse otras irregularidades, como el posible perjuicio patrimonial y la falta de claridad en el uso del préstamo.

El informe de auditoría, que se espera sea completado en un plazo de 30 días, revisa aspectos clave como líneas de crédito sindicadas, utilización de fondos, y saldo inicial de caja. “La auditoría corresponde a causas abiertas”, señaló Olazar, insistiendo en la necesidad de que el Ministerio Público cuente con todos los datos antes de cerrar el proceso.