Durante sus alegatos, el fiscal se remitió a las evidencias que la esposa había consultado al médico hoy acusado que si tenía covid, pero este le respondió que no, hecho que quedó corroborado porque no hubo comunicación a la Dinavisa de la realización del estudio por esta enfermedad y tampoco lo reportó como caso sospechoso.

Relató que el viernes 21 de agosto de 2020, tras varios días de estar en tratamiento en la clínica La, “pero en los últimos tres días ya estaba con un desmejoramiento en su condición, es decir el paciente no estaba respondiendo” y sufrió una descompensación. 

A partir de eso, el Dr. Espínola Caballero dispuso que se le practiquen otros métodos ·fuera de los parámetros sugeridos y no autorizados”, como la transfusión de plasma, con lo que indicó que estaría mejor; se le transfundió 400 ml. de plasma convaleciente, que fue donado por el propio Espínola, siendo que el protocolo autorizado por el Ministerio de Salud establecía la transfusión 200 ml cada 24 horas. El propio médico confesó que había excedido en la cantidad de plasma que le transfundió. 

En ese entonces había solo cuatro centros habilitados y autorizados para operar con sangre y plasma, y una de ellas no era la Clínica La Veró y tampoco el médico estaba inscrito como especialista para aplicar ese tratamiento. 

Ese mismo día, el paciente Nicora López Moreira ya se encontraba con una infección respiratoria aguda grave y de acuerdo a lo testificado por la Dra. Amanda Molas, directora del Programa Nacional de Sangre, había un criterio de exclusión de paciente receptores de plasma convaleciente de covid, decía que una persona ya en esas condiciones y con neumonía grave, ya no podía ser transfundido con plasma. Lo que debía hacerse era internarlo en terapia intensiva, lo que el médico también omitió, enfatizó el fiscal. 

“Si un médico no conoce un tratamiento específico, no debe aplicar un tratamiento que no conoce. En otras palabras no debe experimentar por el paciente en un estado grave”, argumentó. 

Aun ese viernes, el exparlamentario presentaba síntomas como tos con sangre, presión arterial 180/100, saturación baja, dificultad respiratoria, molestias,  Y posterior a la transfusión de plasma convaleciente, empezó el empeoramiento escalonado. “Coincide esta situación con lo que explicó la Directora del Programa de Sangre, que el efecto adverso que puede ocurrirle a un paciente que se le suministra plasma, puede tener ya de manera inmediata o en un promedio de seis horas”, explicó.

Recién con esta condición muy grave y tras las exigencias de la esposa del paciente, decidió derivarlo a un centro de mayor complejidad, el sanatorio La Costa, es decir, “quedó probado que la derivación fue realizada de forma tardía”. 

Al día siguiente, el sábado 22 de agosto, los especialistas de ese nosocomio lo trataron como un paciente sospechoso de Covid-19 y debido a que sus pulmones no respondían al tratamiento, fue intubado pero a las 17:00 horas se informó sobre su fallecimientos causa de una insuficiencia respiratoria grave. 

“Esta omisión grave de los deberes del cuidado se dio con la finalidad de poder tener un paciente que le genere ingresos. Hay una facturación, hay un monto, y esa atención detallada generó un monto económico que la propia gerente de la clínica mencionó como un pasivo que tiene la clínica, que alcanzaron alrededor de 30 millones de guaraníes”, refirió el fiscal.  

Dirigiéndose al tribunal, dijo que su fallecimiento no fue como consecuencia de su atención en La Costa, sino a causa del mal tratamiento recibido en La Veró durante los días previos, que le causaron un deterioro paulatino en su estado de salud y teniendo en cuenta la negligente actuación del galeno, pidió la pena máxima por homicidio culposo y además la cancelación de su matrícula, para que no vuelva a ejercer la profesión.